La Corte Interamericana inspeccionó cárceles mendocinas y prepara un informe clave

Una comitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recorrió el lunes y el martes los complejos penitenciarios Almafuerte I y II, San Felipe y parte de la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.) en Mendoza. La delegación estuvo encabezada por el presidente del organismo, Edgar Stuardo Ralón, con presencia de representantes de la Cancillería argentina y del abogado denunciante Carlos Varela Álvarez.

La inspección cubrió módulos de alojamiento, sectores de salud y áreas de trabajo dentro de los establecimientos. El objetivo fue relevar de manera directa las condiciones actuales en las que se encuentran las personas privadas de la libertad en la provincia.

Lo que evaluó la comitiva

Ralón y su equipo pusieron el foco en tres ejes concretos: las condiciones de alojamiento, el acceso al agua potable y el acceso a la Justicia de los internos. Cada uno de esos puntos quedará detallado en el informe que el organismo elaborará a partir de lo observado durante la visita.

Desde el Servicio Penitenciario de Mendoza calificaron la visita como positiva. Fuentes del organismo provincial indicaron que esperan el documento final con las conclusiones de la Corte antes de hacer declaraciones sobre posibles ajustes en la gestión carcelaria.

Qué puede pasar con las medidas cautelares

El pronunciamiento de la Corte Interamericana tendrá consecuencias concretas para la política penitenciaria mendocina. Según el resultado de la evaluación, el organismo podría recomendar el levantamiento de medidas cautelares vigentes o, por el contrario, imponer nuevas exigencias al Estado provincial.

Las medidas cautelares en cuestión responden a denuncias previas sobre las condiciones de detención en el sistema carcelario mendocino. Su continuidad o su eventual cese dependerán directamente de lo que el informe certifique sobre el estado actual de los complejos visitados.

Hasta que el documento esté publicado, tanto el Servicio Penitenciario como las autoridades provinciales quedan a la espera de las conclusiones del organismo internacional. El informe marcará el próximo paso en la relación entre el Estado mendocino y la Corte Interamericana en materia de derechos de las personas detenidas.