La Corte convocó a dos conjueces para definir si es válida la derogación de la Ley de Tierras

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceleró los tiempos para resolver el conflicto judicial por la derogación de la Ley de Tierras Rurales, la norma que ponía límites a la compra de campos por parte de extranjeros. El tribunal convocó a dos conjueces para avanzar con la causa que cuestiona la constitucionalidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Los conjueces designados son Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Su intervención se produjo porque los tres miembros de la Corte no alcanzaron un acuerdo unánime sobre la validez de la derogación. El tribunal dispuso además que las partes tendrán apenas 24 horas para cuestionar la integración, con el argumento de que hay circunstancias particulares que justifican acortar los plazos procesales.

Quién impulsa el reclamo

El expediente fue promovido por la Asociación Civil Árbol de Pie. La organización sostiene que la medida del Gobierno nacional vulnera la protección del ambiente, los recursos naturales y los derechos colectivos de los pueblos originarios. El planteo incluye un pedido cautelar sobre el alcance de la derogación.

La Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales en el país. Su derogación mediante el DNU 70/2023 abrió un debate sobre la protección del territorio nacional y las consecuencias de flexibilizar las condiciones para que personas y empresas extranjeras adquieran propiedades rurales.

El antecedente en la Corte

La definición llega después de que la Corte rechazara una demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim). El tribunal consideró que la organización no tenía legitimación suficiente para promover ese reclamo. En aquella resolución, el máximo tribunal aclaró que no estaba evaluando la constitucionalidad del artículo que derogó la ley.

Ahora, el caso de Árbol de Pie vuelve a poner en discusión el alcance de la medida del Ejecutivo. Una eventual decisión favorable al planteo cautelar podría restablecer las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros. El resultado también tendrá implicancias para el debate político y legislativo sobre la soberanía territorial y la protección de los bienes naturales. Queda pendiente si las partes objetan a los conjueces dentro del plazo de 24 horas.