La Cámara suspendió las multas de $100.000 diarios al Gobierno por la ley universitaria

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió de manera provisoria las multas diarias que el juez federal Martín Cormick le había impuesto al gobierno de Javier Milei por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión se conoció este jueves, en medio de la quinta Marcha Federal frente al Congreso, y llegó menos de 24 horas después de la sanción de primera instancia.

El tribunal admitió la queja del Ministerio de Capital Humano y le ordenó al juzgado de origen que tramite el recurso del Estado con efecto suspensivo. Cormick había intimado al Gobierno a cumplir con la cautelar y había fijado una multa de $100.000 por cada día de incumplimiento. Con el fallo de la Cámara, esa sanción queda en pausa hasta que se resuelva la apelación.

Qué había dispuesto el juez Cormick

El magistrado consideró acreditado el incumplimiento de una orden judicial que exigía actualizar los salarios universitarios y garantizar los fondos para becas estudiantiles. Ya había intimado al Poder Ejecutivo a cumplir con esas obligaciones: el 22 de septiembre le dio un plazo de cinco días y advirtió que, si el incumplimiento persistía, aplicaría multas.

Tras conocerse la resolución, el ministerio que conduce Sandra Pettovello recurrió a la Cámara y sostuvo que la cautelar ya estaba cumplida en su totalidad. Argumentó además que la decisión afecta el funcionamiento del Estado, porque lo obliga a hacer pagos sin que se hayan determinado con precisión las sumas adeudadas ni el alcance concreto de la obligación.

Los argumentos del Gobierno

El fallo sostuvo que la providencia apelada "adolecía de diversas vaguedades, entre las que resaltaba la imposibilidad de determinar la medida de la cuantía del cumplimiento parcial, lo cual motivó el planteo para conocer cuál era concretamente el incumplimiento endilgado". Es decir, la Cámara tomó el planteo de que no estaba claro qué se le reprochaba exactamente al Ejecutivo.

En materia salarial, el Gobierno planteó que entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 se otorgaron aumentos del 226,80%, por encima del 226,40% de inflación acumulada que exige la norma. Indicó que los meses siguientes deben discutirse en paritarias y que se propusieron incrementos adicionales, proyectados por encima del 6% para el trimestre, para sostener el cumplimiento sobre la base de la inflación.

También cuestionó la interpretación del juez sobre las becas del artículo 6 de la ley. Según el escrito, las becas Progresar corresponden a otro programa de la Secretaría de Educación, y la ley se refiere específicamente a las becas Manuel Belgrano.

Las universidades estiman que el Gobierno debe girar unos 2,5 billones de pesos extra para cumplir con la ley, sancionada en agosto de 2025. La norma establece que se actualicen los fondos para gastos de funcionamiento, salarios, hospitales universitarios, becas e investigación, con períodos diferenciados según cada concepto. Queda pendiente que el juzgado de primera instancia conceda la apelación y que la Cámara resuelva el fondo de la cuestión.