Irrigación habilita permisos precarios por 10 años en los pozos de Alto Agrelo

El Departamento General de Irrigación de Mendoza fijó las condiciones para que los emprendimientos involucrados en el conflicto por los pozos de Alto Agrelo accedan a permisos precarios por diez años. Cada autorización requerirá una evaluación técnica previa y podrá tener restricciones si disminuye la disponibilidad del recurso. La disputa comenzó en 2010 y llegó a la Suprema Corte provincial.

La medida quedó formalizada en la Resolución 397 del Honorable Tribunal Administrativo, publicada este martes 3 de noviembre en el Boletín Oficial. La norma reglamenta la alternativa que abrió la Corte en marzo, cuando rechazó el reclamo por las concesiones definitivas pero dispuso una vía para atender las necesidades de agua de los emprendimientos existentes.

El origen del conflicto

La controversia se remonta a los permisos de perforación otorgados en 2010 en una zona con restricciones para extraer agua subterránea. En la subcuenca El Carrizal, la autorización de nuevos pozos estaba condicionada al cierre de otros ya existentes. Sin embargo, una resolución de aquel año permitió incorporar perforaciones de manera limitada, con el argumento de una mejora parcial del balance hídrico.

El mecanismo de asignación fue cuestionado después. Irrigación objetó que se hubiera dado prioridad a integrantes de la Cámara de Comercio, Vitivinicultura, Turismo y Producción Alto Agrelo como si se tratara de una asociación de usuarios. También sostuvo que tener permiso para perforar no equivalía a contar con una concesión para usar el agua.

En marzo de 2013, después de la renuncia del superintendente Eduardo Frigerio y su equipo, el Tribunal Administrativo rechazó las concesiones pedidas por Santa María de los Andes para los pozos 6/1814 y 6/1816, prohibió la extracción y ordenó su cegado. La empresa impugnó esas decisiones y el expediente judicial acumuló también el reclamo de Vitivinícola Bulnes de Argentina. Ambas firmas defendían los derechos que consideraban derivados de las autorizaciones de 2010.

Lo que resolvió la Corte y lo que exige ahora Irrigación

La definición judicial llegó el 6 de marzo de 2026. Seis integrantes de la Suprema Corte coincidieron en que el rechazo de las concesiones era legítimo. Hubo diferencias sobre la situación de los emprendimientos: cuatro jueces respaldaron la alternativa de los permisos precarios y otros dos acompañaron el rechazo de la demanda sin esa solución adicional.

La reglamentación establece cómo se aplicará esa salida. Los interesados deberán demostrar eficiencia en la conducción, distribución y aplicación del agua dentro de sus propiedades, y deberán instalar previamente medidores de caudal con telemetría. También tendrán que garantizar el funcionamiento de los equipos y permitir el ingreso de inspectores de Irrigación.

Queda pendiente saber cuántos emprendimientos presentarán la solicitud y cómo resolverá Irrigación cada evaluación técnica. De esos análisis dependerá si los permisos se otorgan sin límites o con restricciones sobre el uso del agua subterránea.