Intendentes bonaerenses podrán usar 100% del Inmobiliario Rural en obras hídricas y el campo amenaza con un tractorazo

La Legislatura bonaerense sancionó una ley que habilita a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires a reasignar hasta el 100% de la coparticipación del Impuesto Inmobiliario Rural. La autorización rige por 180 días y permite destinar esos fondos a obras hidráulicas, dragados y compra de maquinaria. Las entidades del campo reaccionaron con dureza y amenazan con un tractorazo, porque el dinero estaba pensado para mantener los caminos rurales.

El proyecto llegó a Diputados con media sanción del Senado y fue impulsado por Sergio Vargas, titular del bloque Unión y Libertad. Se justificó en la necesidad de afrontar las consecuencias del fenómeno de El Niño y de compensar la paralización de la obra pública, en especial la hídrica. Oficialistas y opositores le dieron luz verde, aunque no todos los legisladores acompañaron. Un diputado oficialista del interior bonaerense explicó su voto así: "Vino del Senado y el acuerdo es que aprobemos todo lo que venga aprobado por mayoría".

Un tributo con destino específico

La ley que creó el Inmobiliario Rural establece que lo recaudado debe usarse en el mantenimiento de la red de caminos rurales. Se trata de un reclamo histórico del campo bonaerense, ya que muchos de esos caminos están en un estado de abandono crónico. Por eso el cambio de destino, aunque sea transitorio, generó un malestar inmediato en el sector.

Desde la Sociedad Rural Argentina hasta la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), las entidades criticaron a los legisladores sin distinguir camisetas partidarias. Carbap apuntó directamente a los intendentes. Su secretario, Ignacio Kovarsky, afirmó: "Esto es una verdadera desgracia. Es una jugada de los municipios con algún arreglo entre algunos, porque no han hicieron nada durante años en los caminos rurales en señalización, en luminarias. En nada".

Críticas por la falta de control

El reclamo de los productores no se limita al desvío de fondos, sino también a la falta de transparencia con que se ejecutará la medida en cada municipio. Los ruralistas recuerdan además que varias intendencias cobran la tasa vial mediante un plus en la carga de combustible, cuyo cobro no cuenta con aval de la Justicia. Aun con esos recursos extra, sostienen, los caminos siguen en estado calamitoso.

Kovarsky remarcó que el mecanismo no puede fiscalizarse: "Es absolutamente incontrolable. ¿En qué se va a gastar la plata? Indescifrable; aun cuando digan en qué van a gastarla, presupuesten y rindan cuentas, es imposible saberlo realmente. Si no, claramente los intendentes la van a desviar para cualquier utilización". Con la ley ya sancionada y el plazo de 180 días en marcha, el campo define ahora la fecha y la modalidad del tractorazo.