Grupo Roma: piden clausurar oficinas y crear un registro de hasta 1.200 damnificados

Compradores de lotes comercializados por Grupo Roma expusieron este lunes ante el Concejo Municipal de Rosario una serie de incumplimientos: plazos vencidos, terrenos sin infraestructura y familias que no pueden levantar su vivienda. La estimación que circuló en la reunión habla de entre 800 y 1.200 afectados.

Los emprendimientos mencionados se ubican en Pueblo Esther, Ibarlucea, Zavalla, Soldini, General Lagos y Roldán. Varios compradores describieron operaciones realizadas hace tres, cuatro, cinco y hasta siete años, y aclararon que adquirieron los lotes para uso residencial propio, no como inversión.

Los casos que llegaron al Concejo

Una de las expositoras, María Laura Rosa, relató que compró un terreno en Pueblo Esther y que, ante las demoras, presentó reclamos ante organismos municipales y provinciales. 'Nosotros no compramos un campo, compramos un desarrollo urbanístico', señaló durante la reunión. También indicó que avanzaron con denuncias formales por el incumplimiento de los contratos.

El tono más duro lo puso el concejal Juan Monteverde, que definió la situación como 'una estafa masiva contra rosarinos'. Monteverde planteó evaluar la clausura de las oficinas de Grupo Roma y propuso que el Concejo conforme un espacio institucional con reuniones periódicas para dar seguimiento al conflicto.

Registro de damnificados y mesa de trabajo

Desde la sala, uno de los asistentes pidió avanzar con una mesa de trabajo. La propuesta fue recogida por María Fernanda Gigliani, presidenta de la comisión de Planeamiento y Urbanismo, quien tomó la iniciativa para analizar su puesta en marcha.

Sobre el cierre del encuentro, una vecina propuso crear un registro de damnificados tomando como modelo el esquema que se aplicó en el caso Bauen-Pilay. La idea busca ordenar los reclamos individuales y darles una estructura colectiva frente a la empresa.

Del encuentro participaron además los concejales Ana Laura Martínez, Fabrizio Fiatti, Manuel Sciutto y Samanta Arias. La reunión dejó planteadas varias herramientas posibles, pero ninguna fue aprobada formalmente: todo queda en evaluación mientras los compradores siguen sin acceder a los terrenos que pagaron.