Granja Tres Arroyos pidió concurso de acreedores y hay 7.000 empleos en riesgo

Granja Tres Arroyos, una de las principales productoras avícolas de la Argentina, se presentó en concurso de acreedores ante la Justicia en los últimos días. La compañía atraviesa una crisis financiera y operativa que pone en riesgo alrededor de 7.000 puestos de trabajo directos distribuidos en distintas provincias del país.

La empresa opera plantas de procesamiento, granjas y centros de distribución en varias regiones, con fuerte presencia en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. El concurso de acreedores es el mecanismo legal que permite a una firma negociar sus deudas bajo supervisión judicial para evitar la quiebra definitiva.

Qué implica el concurso de acreedores

Cuando una empresa se presenta en concurso, queda protegida de manera transitoria frente a las ejecuciones de sus acreedores mientras negocia un acuerdo de pago. El juez designa un síndico que fiscaliza las cuentas y el proceso tiene plazos establecidos por ley. Si el acuerdo prospera, la firma puede continuar operando; si fracasa, el camino es la quiebra.

En el caso de Tres Arroyos, la combinación de deudas acumuladas, costos de producción elevados y dificultades para sostener el flujo operativo habría precipitado la decisión de recurrir a este procedimiento. El sector avícola en general viene sufriendo el impacto del aumento en el precio de los granos, que representan la mayor parte del costo de producción.

El peso del sector y el impacto laboral

Granja Tres Arroyos no es una empresa marginal dentro de la cadena agroalimentaria argentina. Produce y comercializa pollos bajo distintas marcas y abastece tanto al mercado interno como a mercados de exportación. Su volumen de producción la ubica entre las firmas líderes del segmento junto a otras grandes integradoras.

Los 7.000 empleos que dependen de la compañía incluyen trabajadores de planta, personal de campo y empleados administrativos y logísticos. En localidades donde la empresa tiene presencia fuerte, su eventual cierre o reducción de actividad tendría un impacto directo sobre la economía local.

Qué puede pasar de acá en adelante

El proceso concursal puede extenderse durante meses. En ese tiempo, la empresa tiene la obligación de seguir operando y pagando los salarios mientras negocia con sus acreedores. Los sindicatos del sector y las autoridades provinciales ya están monitoreando la situación para evaluar si es necesaria alguna intervención.

Lo que resuelva la Justicia en las próximas semanas va a definir el margen de maniobra de la compañía. Si logra un acuerdo favorable con los acreedores y estabiliza su operación, los puestos de trabajo quedan resguardados. Si el proceso se complica, el escenario se vuelve más incierto para los empleados y para el abastecimiento del mercado interno.