Firmó un acuerdo bajo presión y la Justicia le devolvió el 50% de 16 propiedades

El Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Morón anuló un pacto de convivencia firmado en 2018 que le asignaba al hombre la totalidad de los bienes acumulados durante casi dos décadas de relación. La sentencia reconoció que la mujer, de 52 años, tiene derecho al 50% del patrimonio conjunto: 14 departamentos y dos locales comerciales edificados dentro de una propiedad en el partido bonaerense de Morón.

La demanda fue iniciada en mayo de 2021 por la propia damnificada, quien reclamó una reparación en dólares. La pareja había comenzado en 1999 y la convivencia arrancó al año siguiente. Según su relato ante la Justicia, ambos juntaron ahorros y recibieron ayuda familiar para comprar una casa, aunque la escritura quedó únicamente a nombre de él.

Años de trabajo sin reconocimiento

Una vez instalados, la mujer dejó su empleo para encargarse de la administración de las obras de refacción y construcción. Con el tiempo, el proyecto derivó en un comercio minorista y en la edificación de departamentos dentro del mismo predio. Ella se ocupó de la atención al público, la relación con proveedores y el control de la mercadería durante años.

El hombre, también de 52 años, reconoció la convivencia pero la ubicó recién a partir de fines de 2002. Negó cualquier participación de su ex en la compra del inmueble y en la formación del comercio, y afirmó que el negocio se construyó con bienes propios y mercadería aportada por su padre. Sin embargo, la jueza no encontró respaldo suficiente en esa versión.

Lo que pesó en el fallo

Para declarar nulo el convenio de 2018, la magistrada tuvo en cuenta los testimonios que describieron la relación como marcada por humillaciones, control económico y malos tratos. En ese contexto, el acuerdo firmado fue considerado inválido: la mujer no habría podido suscribirlo en condiciones de libertad e igualdad.

La resolución judicial ordenó que el demandado le pague el 50% del valor actual de todos los bienes. El monto final todavía no está fijado: una vez que el fallo quede firme, un martillero deberá tasar las propiedades para calcular la cifra exacta que le corresponde a la demandante.

El caso sienta un precedente en materia de pactos de convivencia celebrados en contextos de violencia de género y control económico. La aplicación concreta de la condena dependerá ahora del proceso de tasación y de si alguna de las partes apela la sentencia.