Festram rechaza que el gobierno use $57.000 millones del Iapos

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe (Festram) rechazó públicamente la transferencia de $57.000 millones del Iapos autorizada por el gobierno provincial. El gremio reclamó que ese dinero se destine a mejorar los servicios que reciben los afiliados a la obra social, en lugar de ser redirigido hacia otras cuentas.

El Iapos es la obra social que cubre a los empleados estatales de Santa Fe. Sus fondos provienen de los aportes de trabajadores y del Estado, y su administración queda bajo órbita provincial. La decisión oficial de transferir parte de ese capital generó una reacción inmediata por parte de las organizaciones gremiales que representan a sus beneficiarios.

Qué dijo Festram

Desde la federación argumentaron que esos recursos pertenecen a los trabajadores y que deben usarse exclusivamente para garantizar y ampliar las prestaciones médicas. El sindicato advirtió que la medida afecta directamente la calidad de atención de los afiliados y anunció que va a continuar exigiendo la restitución de los fondos.

La postura de Festram apunta a que el gobierno provincial rinda cuentas sobre el destino real de la transferencia. El gremio no descartó tomar nuevas medidas de fuerza si la administración no retrocede en su decisión.

El fondo del conflicto

El Iapos viene atravesando tensiones financieras en los últimos años, con prestadores que reclaman actualizaciones de aranceles y afiliados que denuncian demoras en autorizaciones. En ese contexto, la transferencia de una suma de esta magnitud encendió las alarmas de los sindicatos, que la interpretan como un vaciamiento encubierto de la obra social.

El gobierno de Santa Fe, por su parte, no emitió una respuesta pública detallada sobre los motivos de la transferencia ni sobre el destino específico de los fondos, lo que profundizó las sospechas de los gremios involucrados.

Qué puede pasar ahora

Festram tiene representación en varios municipios del interior santafesino y su posición suele marcar el tono de la conflictividad gremial en el sector público provincial. Si el reclamo no encuentra respuesta, el escenario de medidas de fuerza coordinadas con otros sindicatos estatales no queda descartado.

El conflicto pone en el centro una discusión que excede a Santa Fe: quién administra y quién decide el uso de los fondos de las obras sociales estatales cuando las cuentas son deficitarias o cuando el gobierno necesita liquidez.