Familias salteñas temen quedar afuera del sistema de discapacidad por falta de dinero

Organizaciones y familias vinculadas al sistema de discapacidad en Salta encendieron las alarmas frente a las modificaciones que el gobierno nacional viene implementando en el área. Según referentes del sector, los cambios en el financiamiento y la cobertura de prestaciones generan una situación donde quienes tienen recursos económicos pueden sostener los tratamientos, mientras que las familias sin medios quedan sin respuesta del Estado.

La preocupación se instaló en los últimos meses en Salta, una de las provincias con mayor índice de vulnerabilidad social del país. El sistema de atención a personas con discapacidad funciona a través de prestaciones financiadas por el Estado nacional, que cubre desde terapias de rehabilitación hasta traslados y centros de día. Cualquier modificación en esa cadena de financiamiento impacta de forma directa en las familias usuarias.

Lo que cambió y lo que preocupa

Los referentes consultados señalan que las reformas apuntan a un esquema donde el mercado regula parte de la oferta de prestaciones. Eso implica que los prestadores fijan valores según sus propios criterios y las familias deben afrontar diferencias de costos que, en muchos casos, resultan impagables. La lógica, advierten desde el sector, termina clasificando a las personas con discapacidad según su capacidad económica y no según sus necesidades. Desde las organizaciones explican que las prestaciones básicas —fonoaudiología, psicología, kinesiología, apoyo a la integración escolar— son las más afectadas. Las listas de espera se estiran, algunos prestadores dejan de atender dentro del sistema público y quienes no pueden pagar de forma privada quedan en lista de espera indefinida o directamente sin atención.

El impacto en Salta

En la provincia, donde una porción significativa de la población con discapacidad pertenece a sectores de bajos ingresos, el escenario descripto por las familias es concreto: turnos cancelados, prestadores que abandonan el sistema, y familias que no saben si van a poder sostener los tratamientos de sus hijos o familiares a cargo. La incertidumbre no es abstracta: se mide en sesiones de terapia suspendidas y en traslados que ya no están garantizados.

Las familias que forman parte de estas redes de contención se organizaron para visibilizar la situación y exigir respuestas tanto a nivel provincial como nacional. Apuntan a que la provincia tiene herramientas propias para amortiguar el impacto, pero que hasta ahora no se activaron de forma suficiente.

Qué piden y qué esperan

Entre las demandas principales está la revisión de los aranceles de prestaciones, la garantía de que los prestadores que atienden a personas sin recursos no queden fuera del sistema, y la transparencia en los criterios de cobertura. También reclaman canales de diálogo formales con los organismos nacionales responsables del área.

Mientras las gestiones avanzan con lentitud, las familias salteñas siguen sosteniendo los tratamientos como pueden. La discusión de fondo es si el Estado debe garantizar igualdad de acceso sin importar el ingreso familiar, o si el nuevo esquema acepta, de hecho, que no todos van a poder acceder a la misma atención.