Ética Pública evalúa actuar de oficio por la maestría de 11 mil dólares de Latorre

La Oficina de Ética Pública de Mendoza tomó conocimiento del pago de 11 mil dólares que el Estado provincial hizo para que la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, realice una maestría online en una universidad con sede en España. El organismo analiza si actúa de oficio o si espera una denuncia. El caso trascendió el jueves 22 de octubre, cuando lo reveló MDZ, y este viernes 23 el área evaluaba los pasos a seguir.

La duda central es si corresponde, desde lo ético y lo legal, que una capacitación se pague con el Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas. Ese fondo depende políticamente de Latorre y lo administra la empresa estatal Mendoza Fiduciaria. Se integra con los aportes obligatorios que abonan las petroleras una vez que se les adjudican áreas de explotación.

Qué analiza Ética Pública

Entre las funciones de la oficina está recibir y procesar denuncias ciudadanas, o intervenir de oficio ante presuntas faltas éticas, irregularidades administrativas, conflictos de intereses o sospechas de corrupción de funcionarios y empleados públicos de todos los niveles del Estado provincial. Está a cargo de Gabriel Balsells Miró, el primer y único auditor desde que se creó la auditoría, en 2018.

En el análisis figuran el origen de los fondos, los alcances y el margen de maniobra para usar los recursos del Fideicomiso, y si resulta pertinente pagar una maestría con ese dinero. También pesa una particularidad: Latorre es una funcionaria política y además encabeza el ministerio del que depende el fondo.

La autorización y la reacción política

La autorización para cubrir los costos quedó formalizada el 1 de agosto de 2025. Ese día, el Comité Ejecutivo del fideicomiso aprobó que Latorre hiciera la maestría y ordenó a Mendoza Fiduciaria S.A. concretar los desembolsos. Entre quienes firmaron el acta figura Lucas Erio, director de Hidrocarburos y funcionario que depende de la ministra.

La oposición tomó el tema. El diputado Lucas Ilardo anunció que presentará una denuncia formal, lo que podría definir si Ética Pública interviene a partir de esa presentación o por iniciativa propia. Hasta ahora el organismo no informó qué decisión adoptará.