Estafó casi dos millones por redes y pidió permiso para ir a las Cataratas

Una mujer de 70 años quedó imputada en Mar del Plata por estafar a dos personas a través de redes sociales, donde vendía joyas falsas bajo una identidad ficticia. El monto total defraudado roza los 1,8 millones de pesos. Tras quedar en libertad con restricciones, la acusada le pidió al juez permiso para viajar a las Cataratas del Iguazú con el argumento de que necesitaba 'descontracturarse'.

La investigación determinó que la mujer usaba perfiles falsos en plataformas digitales para ofrecer joyas que nunca entregaba o que resultaban ser falsificaciones. Dos víctimas la denunciaron formalmente y la causa quedó en manos de la Justicia bonaerense. Al momento de la imputación, la acusada no registraba antecedentes penales, lo que incidió en la decisión de no dictar prisión preventiva.

El pedido que sorprendió al tribunal

Luego de quedar en libertad con prohibición de salida del país, la mujer presentó un escrito ante el juzgado en el que solicitaba una excepción para visitar las Cataratas del Iguazú. La justificación que esgrimió fue la necesidad de 'descontracturarse', una expresión que generó llamativa atención entre los operadores judiciales que intervinieron en el expediente. El tribunal debió analizar si correspondía hacer lugar al pedido o mantener las restricciones vigentes.

La solicitud puso en evidencia una tensión habitual en causas con imputados en libertad: el equilibrio entre el derecho a la libre circulación y la necesidad de asegurar la presencia del acusado durante el proceso. En este caso, la acusada no tenía impedimento legal absoluto para viajar dentro del país, pero la prohibición de salida del territorio nacional exigía autorización expresa para cualquier desplazamiento que pudiera interpretarse como limítrofe.

Cómo operaba la red de estafas

Según la pesquisa, la acusada construyó una identidad digital falsa para generar confianza en potenciales compradores. Publicaba fotos de joyas, acordaba precios, recibía las transferencias y luego cortaba el contacto o enviaba productos que no correspondían a lo ofertado. El mecanismo es frecuente en causas de estafa por redes sociales y suele dificultar la identificación del responsable, ya que los perfiles falsos se eliminan una vez consumado el engaño. En este caso, las víctimas lograron aportar suficiente evidencia para que la Justicia identificara a la imputada.

Las dos denuncias se acumularon en una sola causa y el perjuicio económico conjunto supera el millón y medio de pesos, con el total rozando los 1,8 millones. La figura legal aplicada es estafa agravada por el uso de medios electrónicos, delito que en Argentina prevé penas de entre un mes y seis años de prisión según las circunstancias del caso.

El expediente sigue su curso en los tribunales bonaerenses. La resolución sobre el pedido de viaje no trascendió públicamente al cierre de esta nota, pero el caso ya instaló en el debate judicial la pregunta sobre los límites razonables de las restricciones procesales cuando el imputado permanece en libertad.