El Senado debate la reforma de salud mental sin habilitar nuevos manicomios

El Senado comenzó a debatir este jueves por la noche la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que cambió de manera sustancial en su paso por las comisiones. La discusión arrancó pasadas las 22.30, cuando la sesión ya llevaba más de ocho horas. Por ese motivo, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, anunció que se limitarían los tiempos de cada orador.

El texto en debate es el dictamen de comisión que impulsó el oficialismo hace dos semanas. Siguió recibiendo modificaciones hasta minutos antes de comenzar la sesión, con el objetivo de reunir los votos necesarios para aprobarlo. Además, seguirá sumando cambios cuando se lo discuta en particular en el recinto, y si obtiene la aprobación pasará en revisión a la Cámara de Diputados.

Qué cambió respecto del proyecto original

La versión que se discute ya no es la que redactó la Casa Rosada, que pretendía levantar la prohibición de crear manicomios establecida por la ley sancionada en 2010. Esa restricción seguirá vigente en el nuevo texto. Además, la internación se mantiene como una medida de carácter excepcional.

Otra incorporación fue la evaluación clínica integral, un punto surgido de la negociación entre los bloques del Senado. La iniciativa busca actualizar el marco regulatorio para garantizar la protección integral de la salud mental, con pautas de prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión comunitaria en todo el país.

Las objeciones y el reclamo de fondos

El proyecto genera resistencias. El peronista disidente Guillermo Andrada, de Catamarca, valoró la voluntad de consenso del oficialismo, pero advirtió que 'no alcanza con cambiar el criterio clínico de la internación de un paciente y con aplicar controles judiciales o de internación sino tenemos las herramientas necesarias para controlarlos'.

Andrada también sostuvo: 'No vamos a cercenar garantías y no vamos a cejar para que el paradigma comunitario esté presente'. Reclamó garantías de financiamiento del Estado nacional y apuntó que una de las causas del fracaso de la ley de 2010 fue la falta de presupuesto.

El misionero Carlos Arce coincidió con el pedido de fondos nacionales para las provincias. Destacó además 'la enorme importancia de una evaluación clínica integral'. Resta saber cómo quedará el articulado tras la votación en particular y si el financiamiento reclamado se incorpora al texto que llegue a Diputados.