El Presupuesto 2027 recorta universidades y reformula los fondos de discapacidad

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, el documento que define la hoja de ruta fiscal para el tramo final del mandato de Javier Milei. Dos sectores concentran las disputas más anticipadas: las universidades nacionales, que recibirían fondos por debajo de lo que solicitaron, y el área de discapacidad, donde el texto introduce modificaciones en la forma de asignar recursos.

El envío del proyecto se produjo dentro de los plazos constitucionales y abre formalmente el debate parlamentario. El Congreso deberá revisar, modificar o aprobar el texto antes de que entre en vigencia. En años anteriores, la falta de acuerdo dejó al país funcionando con presupuestos prorrogados, un escenario que el oficialismo busca evitar.

Universidades: menos fondos que los pedidos

Las casas de altos estudios habían presentado sus requerimientos presupuestarios con aumentos que justificaron en la inflación acumulada y en la caída del poder adquisitivo de salarios docentes y no docentes. El proyecto oficial no cubre esa brecha. La diferencia entre lo solicitado y lo asignado todavía no se tradujo en cifras públicas definitivas, pero fuentes del sector universitario anticiparon que la distancia es significativa.

En 2024, las universidades protagonizaron marchas masivas y un pulso político con la Casa Rosada que terminó en un veto presidencial parcial a la ley de financiamiento universitario. Ese antecedente instala la discusión 2027 sobre un piso de conflictividad ya conocido. Los rectores y gremios docentes tienen experiencia en movilizar apoyo social y legislativo, lo que convierte este capítulo del presupuesto en uno de los más sensibles para el oficialismo.

Discapacidad: cambios en el esquema de asignación

El otro frente abierto es el de las políticas de discapacidad. El proyecto introduce modificaciones en la manera en que se distribuyen los recursos destinados a este sector, aunque el Gobierno no detalló públicamente el alcance completo de esos cambios al momento del envío. Organizaciones que representan a personas con discapacidad y a sus familias vienen monitoreando desde hace meses los movimientos presupuestarios en esta área, luego de que auditorías oficiales detectaran irregularidades en prestadores privados del sistema.

La tensión en este punto no es solo fiscal. La discapacidad acumula una historia de cobertura fragmentada, prestadores que facturan sin controles suficientes y familias que dependen del sistema para sostener tratamientos cotidianos. Cualquier recorte o rediseño en la asignación impacta de forma directa en ese universo de beneficiarios.

Qué sigue en el Congreso

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría propia. Para aprobarlo sin modificaciones sustanciales, La Libertad Avanza necesita negociar con bloques de la oposición dialoguista, un proceso que en el pasado reciente produjo acuerdos puntuales pero también fricciones. El kirchnerismo y parte de la oposición no oficialista anticiparon que cuestionarán los números destinados a educación superior y a políticas sociales.

El debate presupuestario se extenderá durante los próximos meses. Si el Congreso no aprueba el texto a tiempo, el país podría quedar nuevamente bajo un presupuesto prorrogado, lo que le daría al Ejecutivo mayor discrecionalidad para reasignar partidas. Ese escenario, aunque ya conocido, no está descartado.