El oficialismo santafesino negocia cambios al proyecto que amplía poderes policiales

Los bloques que integran el oficialismo santafesino arrancaron esta semana reuniones internas para intentar acordar modificaciones al paquete de leyes de seguridad enviado por el Ejecutivo provincial. El objetivo es resolver las diferencias antes de convocar a la oposición y a organismos especializados del sistema de justicia.

El proyecto, impulsado por el gobierno de Santa Fe, propone ampliar las herramientas del Estado para enfrentar la criminalidad organizada y violenta. Entre los cambios que generan más resistencia dentro del propio oficialismo aparecen tres puntos concretos: la posibilidad de que un imputado declare sin la presencia de un defensor público, los allanamientos sin orden judicial previa y la creación de zonas de intervención policial especial.

Los puntos que traban el acuerdo

Más allá de esos artículos en disputa, el proyecto contiene otras modificaciones que tocan distintas etapas del proceso penal. Una de las principales es la restitución de la llamada declaración informativa, pensada para los primeros momentos de una investigación, cuando todavía no está definido si una persona es imputada o testigo. A eso se suma la habilitación del interrogatorio policial en instancias tempranas de la pesquisa.

El texto también propone ampliar los casos en que un juicio penal pueda avanzar en rebeldía, es decir, sin la presencia del imputado. La condición sería que esa persona haya sido debidamente notificada y no se haya presentado. La propuesta contempla la posibilidad de revisar la condena si el acusado aparece después y justifica su ausencia.

La agenda de consultas externas

Una vez que el oficialismo cierre su posición interna, la discusión pasará a una segunda etapa. Fuentes parlamentarias confirmaron que el miércoles 14 está prevista la convocatoria al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa para que presenten su opinión sobre la iniciativa. La agenda de consultas también podría incluir a los Colegios de Abogados de la provincia.

El Ejecutivo provincial sostiene que las herramientas penales actuales no alcanzan para hacer frente a los niveles de violencia y crimen organizado que registra la provincia. Desde esa premisa justifica la necesidad de dar más margen de acción tanto a la Policía como a los fiscales en las primeras horas de una investigación.

El resultado de las negociaciones internas de esta semana definirá qué artículos llegan intactos al debate con la oposición y cuáles se modifican o directamente se sacan del texto. El cronograma legislativo indica que el proceso recién está en sus primeras instancias y que todavía falta un tramo largo antes de cualquier votación.