El nuevo esquema eléctrico cuadruplicó facturas y endeudó a miles de PyMEs

Desde el 1° de noviembre de 2025, la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía cambió las reglas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y obligó a miles de pequeñas y medianas empresas a contratar energía directamente en el mercado. Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtió que la transición fue abrupta, sin información suficiente ni herramientas adecuadas para que el sector pudiera adaptarse a tiempo.

El resultado más inmediato: de un universo de cerca de 6.000 empresas alcanzadas por el nuevo esquema, apenas unas 800 cerraron contratos de abastecimiento. El resto quedó expuesto a un mercado sin red de contención, y las consecuencias llegaron rápido.

Facturas que se multiplicaron por cuatro

Entre las empresas que no lograron contratar, IPA relevó casos en los que la factura eléctrica llegó a cuadruplicarse respecto de los valores anteriores. Para negocios que ya operan con márgenes ajustados y en un contexto de caída del consumo, ese salto representa en muchos casos la diferencia entre mantenerse abiertos o cerrar.

Pero el problema no se limitó a quienes quedaron fuera del sistema. Las PyMEs que sí firmaron contratos también empezaron a recibir cargos adicionales que llevaron el costo real de la energía a casi el doble de lo acordado originalmente. A eso se suman controversias contractuales con los proveedores, sin mecanismos claros de resolución.

Un sector que llegó al límite

IPA describió la situación como generadora de 'quebrantos y endeudamiento' en un momento en que la actividad industrial ya arrastra una caída sostenida. Desde la entidad remarcaron que el cambio implicó abandonar de golpe un sistema bajo el cual las empresas habían funcionado durante casi tres décadas, sin una hoja de ruta clara para la migración.

'La electricidad es un derecho básico universal. Hoy las PyMEs sentimos que ese derecho no lo tenemos, aun pagando la energía', expresaron desde la organización, que reclamó medidas urgentes al gobierno nacional para frenar el deterioro.

IPA exige una revisión inmediata del esquema y mecanismos de protección para las empresas que quedaron desprotegidas en la transición. El pedido apunta tanto a frenar los aumentos desproporcionados como a dar certeza sobre los contratos ya firmados. Sin respuesta oficial concreta hasta ahora, el sector aguarda definiciones que, advierten, no pueden esperar.