El Gobierno renovó el estatuto de los agentes de inteligencia por primera vez desde 2003

El Poder Ejecutivo firmó el Decreto 1021/2026 y reformó el régimen que regula a los agentes del servicio de inteligencia argentino. Las nuevas normas entran en vigencia el 1° de enero de 2027 y reemplazan un estatuto que llevaba más de dos décadas sin modificaciones sustanciales, vigente desde 2003.

La medida alcanza a todo el personal de la agencia: define las condiciones para los ascensos, las restricciones para los viajes al exterior y una serie de obligaciones y derechos que hasta ahora se regían por un marco considerado desactualizado. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial de este miércoles sin anuncio previo del Ejecutivo.

Qué cambia con el nuevo estatuto

Entre los puntos centrales del decreto figuran los criterios de promoción interna, que incorporan nuevos requisitos de evaluación para los ascensos dentro del escalafón. También se actualizan las condiciones bajo las cuales un agente puede salir del país, un aspecto sensible dado el carácter reservado de las funciones del organismo.

El texto también introduce modificaciones en las incompatibilidades del cargo y en los mecanismos de baja o suspensión del personal. Según el decreto, el objetivo es adecuar el marco normativo a las exigencias actuales del sistema de inteligencia nacional, aunque el Gobierno no detalló públicamente los fundamentos específicos de cada cambio.

Más de veinte años sin reformas de fondo

El estatuto que queda atrás fue sancionado en 2003, durante la primera presidencia de Néstor Kirchner, en el marco de una reorganización amplia del sistema de inteligencia que siguió al escándalo del espionaje ilegal de los noventa. Desde entonces, el régimen del personal no había sido objeto de una reforma integral, aunque sí sufrió ajustes parciales en distintas gestiones.

La SIDE fue reconstituida bajo ese nombre durante la actual administración de Javier Milei, que revirtió el cambio de denominación dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández, cuando el organismo pasó a llamarse Agencia Federal de Inteligencia. La reforma del estatuto se inscribe en ese proceso más amplio de reconfiguración institucional del área.

El decreto no estuvo acompañado por declaraciones oficiales de la Secretaría de Inteligencia ni del Ministerio de Justicia. La medida se conoció exclusivamente a través de su publicación en el Boletín Oficial, lo que es habitual para este tipo de normativa reservada.

Con la entrada en vigencia prevista para enero de 2027, el Gobierno se da un margen de varios meses para la implementación. Ese período podría usarse para adecuar los sistemas administrativos internos y capacitar al personal sobre las nuevas exigencias del estatuto.