El Gobierno presentó su propio proyecto de discapacidad, pero la oposición no le cree

El Gobierno nacional presentó un proyecto propio sobre discapacidad para recuperar tramos de la norma que el presidente Javier Milei vetó el año pasado y luego judicializó. La iniciativa oficial busca retomar parte del texto original, aunque los bloques que impulsaron la prórroga de la emergencia en discapacidad reciben la propuesta con desconfianza abierta.

La tensión de fondo es concreta: la oposición sostiene que el Ejecutivo ya tenía una ley vigente y no la cumplió. Ese antecedente es el que estructura el escepticismo parlamentario frente al nuevo proyecto, que llega en un momento de alta presión política por los recortes en el área.

Lo que propone el oficialismo

El texto presentado por el Gobierno apunta a legislar sobre financiamiento y prestaciones para personas con discapacidad, en línea con algunos de los puntos que contenía la norma vetada. El oficialismo lo presenta como una alternativa superadora, aunque no precisó públicamente qué capítulos o artículos incorpora ni cuáles descarta respecto de la versión original.

La propuesta llega en paralelo a otro punto de conflicto: la oposición exige que el Ejecutivo retire el capítulo VI del Presupuesto 2027, que afectaría directamente el esquema de financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad. Mientras ese capítulo siga en pie, los bloques críticos dicen que cualquier proyecto oficial pierde credibilidad.

La respuesta opositora

Los sectores que impulsaron la emergencia en discapacidad no rechazan de plano sentarse a negociar, pero fijan condiciones previas. El argumento central es que el Gobierno incumplió la ley que estaba vigente antes del veto, lo que convierte cualquier nueva promesa legislativa en un compromiso de difícil verificación.

Ese historial pesa en el debate. Los bloques opositores advierten que sin garantías concretas de implementación, aprobar un nuevo texto puede terminar siendo otra norma sin efecto práctico para las personas que dependen del sistema.

El trasfondo presupuestario

El capítulo VI del Presupuesto 2027 concentra buena parte del conflicto real. Los sectores opositores leen ese articulado como una señal de que el Gobierno busca reducir el gasto en discapacidad por la vía administrativa, independientemente de lo que ocurra en el plano legislativo. Mientras ese punto no se resuelva, el proyecto oficial difícilmente consiga los votos necesarios para avanzar.

El debate combina dos planos que el oficialismo intenta separar y la oposición insiste en vincular: la letra de la ley y la decisión política de ejecutarla. Lo que sigue es una negociación que arranca con desconfianza instalada y sin fecha definida de resolución.