El Gobierno denunció penalmente a los violentos de la marcha universitaria por incidentes en el Congreso

El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra los manifestantes que protagonizaron los incidentes frente al Congreso de la Nación durante la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada este jueves. La jornada terminó con al menos 25 detenidos, ocho integrantes de las fuerzas de seguridad heridos y destrozos en el espacio público que se estiman en $90 millones.

La presentación fue impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva. Las acusaciones comprenden resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. La cartera sostiene que los disturbios apuntaron a quienes custodiaban el Palacio Legislativo y a los bienes públicos de la zona.

El equipo jurídico del ministerio empezó a reunir registros audiovisuales y fotografías para identificar a quienes participaron de las agresiones y determinar responsabilidades individuales. Según la denuncia, algunos de los involucrados actuaron con el rostro cubierto y usaron elementos contundentes contra los efectivos que cubrían las inmediaciones del Congreso. Otros medios confirmaron después que el escrito ya fue presentado ante la Justicia.

Qué plantea la denuncia

Uno de los puntos centrales del escrito es la hipótesis de que los disturbios buscaron interferir en el funcionamiento del Congreso. Por eso el Gobierno pidió que se investigue un posible atentado contra el orden constitucional, una figura más grave que los daños y las agresiones a las fuerzas.

Monteoliva se expresó en la red social X con un mensaje de tono duro:

En ese posteo escribió: 'Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia'.

Para sostener las acusaciones, el Ministerio de Seguridad solicitó incorporar a la causa grabaciones de cámaras públicas y privadas, informes de los operativos policiales y documentación médica de los agentes lesionados. Ese material deberá servir para individualizar a los responsables entre los manifestantes. Queda pendiente la decisión de la Justicia sobre cómo avanzará la investigación y la situación procesal de los detenidos.