El Gobierno apeló la intimación judicial por la Ley de Financiamiento Universitario

El Poder Ejecutivo apeló el viernes la intimación que le había dado el juez federal Martín Cormick para cumplir en cinco días con la cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. En el escrito, el Gobierno aseguró que ya satisfizo las obligaciones impuestas por la medida y aportó documentación para respaldarlo.

Cormick había considerado que el cumplimiento no fue total y amenazó con aplicar astreintes —multas económicas diarias— si el Estado no completaba lo exigido. La intimación fue la respuesta judicial a una disputa que arrastra meses en torno a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que ordenan actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios y recomponer el sistema de becas estudiantiles.

Qué dice el Gobierno sobre los aumentos

El Ejecutivo argumentó que los incrementos salariales otorgados desde diciembre de 2023 acumularon un 226,8% y defendió las negociaciones paritarias realizadas durante este año como prueba de cumplimiento. Los gremios docentes, en cambio, rechazan ese razonamiento y sostienen que los trabajadores universitarios siguen perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación.

Sobre el programa de becas, el Gobierno presentó documentación específica referida al programa Manuel Belgrano como evidencia de actualización. Sin embargo, persisten diferencias con la parte demandante sobre qué otros programas deben quedar incluidos dentro del alcance de la cautelar.

El pedido de efecto suspensivo

Además de solicitar que se deje sin efecto la intimación y el apercibimiento de multas, el Ejecutivo pidió que, si el juez rechaza el planteo, habilite la apelación con efecto suspensivo. Eso significaría que las eventuales multas no correrían mientras la Cámara resuelve el caso.

El Gobierno también cuestionó la procedencia jurídica de aplicar multas económicas directamente al Estado Nacional, un argumento que apunta a limitar las herramientas de presión del juzgado. Según la Casa Rosada, el cumplimiento ya existe y está acreditado con transferencias, resoluciones salariales, actas paritarias y documentación sobre becas.

Mientras el expediente avanza en sede judicial, el Ejecutivo intenta sostener las negociaciones con rectores y gremios en el marco de la discusión del Presupuesto 2027. Cormick tiene ahora la palabra: si rechaza la revocatoria, deberá decidir si concede o no el efecto suspensivo antes de que el caso llegue a la Cámara.