El Gobierno apelará la intimación judicial por el financiamiento universitario

El Ejecutivo nacional decidió apelar la resolución del juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, que lo intimó a cumplir en cinco días con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación se realizará ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El argumento central del Gobierno es que ya cumplió con la medida y así lo acreditó ante la Justicia.

Cormick, por su parte, sostuvo que no existe 'cumplimiento total' de la cautelar y advirtió que podría aplicar astreintes, es decir, multas económicas diarias por cada día de incumplimiento. Esa discrepancia entre lo que afirma el juez y lo que sostiene la Casa Rosada es el núcleo del conflicto judicial que ahora pasará a la instancia de alzada.

La historia detrás de la cautelar

La cautelar que está en disputa fue dictada en diciembre de 2025, cuando Cormick ordenó aplicar de inmediato los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Esos artículos refieren a la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios y a la actualización de los programas de becas estudiantiles. La Cámara Contencioso Administrativa confirmó esa medida, y cuando el Gobierno intentó llevar el caso a la Corte Suprema, el máximo tribunal rechazó el recurso el 25 de junio por considerar que no se dirigía contra una sentencia definitiva.

El expediente de fondo cuestiona el decreto 759/2025, por el cual el Ejecutivo promulgó la ley pero condicionó su aplicación a la identificación previa de las fuentes de financiamiento. Esa causa principal todavía no tiene resolución definitiva, por lo que la cautelar sigue vigente.

El acuerdo del 10 de junio y su rechazo

En junio, el Gobierno firmó un acta junto a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios docentes. El documento contempló una recomposición de la masa salarial del 24,33%, una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y mayores partidas para hospitales universitarios y becas. Con ese acuerdo en mano, el Ejecutivo pidió que se levantara la cautelar al entender que las circunstancias habían cambiado.

Cormick rechazó ese planteo el 1 de septiembre. El juez sostuvo que el Estado no demostró una solución definitiva al deterioro salarial ni a los perjuicios denunciados por las universidades. A partir de ese rechazo, el Gobierno profundizó su estrategia judicial y definió apelar la intimación.

Qué define el efecto suspensivo

Uno de los puntos que todavía analiza la Casa Rosada es si pedirá que la apelación tenga efecto suspensivo. Esa decisión es clave: si se otorga, la intimación queda en suspenso mientras la Cámara estudia el caso. Si no se otorga, el plazo de cinco días sigue corriendo independientemente de la apelación.

Lo que el Gobierno dejó en claro es que la apelación no busca revertir la cautelar original, que ya quedó firme tras las distintas instancias judiciales. El objetivo es cuestionar únicamente la intimación puntual y sostener que el cumplimiento ya fue acreditado. La Cámara tendrá ahora la palabra sobre si esa argumentación prospera.