El Gobierno apelará el fallo que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar el martes 6 de octubre al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un conjunto de universidades, docentes y la UBA. En su resolución, declaró inconstitucional el decreto 759/2025 con el que el Poder Ejecutivo había promulgado la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) de forma condicionada y ordenó su aplicación inmediata.

El decreto cuestionado ataba la vigencia de la norma a lo dispuesto por la Ley 24.629, que exige que todo nuevo gasto tenga financiamiento previamente previsto. Cormick consideró que, una vez que el Congreso rechazó el veto presidencial con los dos tercios de ambas cámaras, el Presidente solo podía promulgar la ley sin condiciones. Calificó al decreto como un 'mecanismo extraconstitucional' que operó en los hechos como un segundo veto, figura que no existe en la Constitución y que contradice los artículos 75 y 83 de la Carta Magna.

La respuesta del Gobierno

Antes de que se enfriara la sentencia, la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, comenzó a delinear la estrategia para frenar el impacto de la medida. 'Estamos viendo qué hacemos. Aún no está todo perdido', dijeron fuentes del organismo según Infobae. En el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la postura es más tajante: 'No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar', sostuvo un integrante de su mesa chica, descartando cualquier canal de diálogo.

El argumento central del Ejecutivo es fiscal: cumplir la ley implicaría desembolsos superiores a un billón de pesos, equivalentes al 0,23% del PBI según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Desde el Gobierno también trasladan la responsabilidad al Legislativo: el presupuesto 2027 ya fue enviado al Congreso, y si los legisladores quieren modificar las partidas, deberán hacerlo ellos mismos.

Qué dice el fallo sobre el financiamiento

Uno de los puntos que el juez utilizó para rechazar los argumentos oficiales fue el artículo 9° de la propia Ley 27.795. Según Cormick, ese artículo sí establece cómo se financia la norma: habilita al Ejecutivo a reasignar partidas sin tocar la coparticipación y permite usar ingresos que superen lo presupuestado. Con ese argumento cayó la tesis oficial de que la ley 'mandaba a gastar' sin indicar de dónde saldrían los recursos.

El conflicto entre el Ejecutivo y las universidades públicas tiene más de un año de historia. La Ley 27.795, que establece la recomposición del presupuesto universitario por inflación, actualización salarial y financiamiento de becas e investigación, fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025. Milei la vetó en su totalidad, pero la insistencia parlamentaria —con los dos tercios de ambas cámaras— lo obligó a promulgarla. Lo hizo con el decreto condicionado que ahora la Justicia anuló.

Con la apelación en marcha, la disputa pasa a una instancia superior. Las universidades y el CIN dan por descontado que el litigio se extenderá, mientras el sector académico espera que la Cámara de Apelaciones confirme o revoque lo resuelto por Cormick. El equilibrio fiscal y la autonomía universitaria siguen siendo los ejes del debate, sin señales de acercamiento entre ambas partes.