El fiscal del caso Viento Sur apelará el fallo y acusa a la jueza de no leer los expedientes

El fiscal Pablo Vignaroli salió a cuestionar en términos duros el fallo que sobreseyó a los exministros involucrados en la causa por los fondos canalizados a través de la cooperativa Viento Sur, en Neuquén. Según el fiscal, la jueza firmó el sobreseimiento sin revisar los expedientes que la acusación ofreció como prueba y se limitó a leer el decreto cuestionado sin analizar la documentación que muestra cómo se tramitaron los pagos.

La causa gira en torno al decreto 1672 de 2022, firmado por el entonces gobernador Omar Gutiérrez y refrendado por sus ministros. Esa norma creó un programa de capacitación para organizaciones sociales por el cual se canalizaron fondos hacia la cooperativa. La acusación sostiene que los pagos se hicieron para un destino distinto al declarado.

Lo que la jueza no vio

Vignaroli señaló que la resolución judicial se apoyó en los artículos segundo y tercero del decreto, pero omitió el primero, que según el fiscal es clave. 'El artículo primero aprueba el programa y un documento con todos los lineamientos, donde dice qué deben hacer los ministros antes de pagar', explicó. Para la fiscalía, ese documento fija obligaciones concretas de control sobre las carteras ministeriales antes de liberar cada desembolso.

Otro punto que el fiscal rebatió es el argumento de la jueza de que la voluntad política era del gobernador y que los ministros solo refrendaban. Vignaroli recordó que en los expedientes consta una nota del exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, en la que él mismo le pide al servicio administrativo que se cree el programa de capacitación. 'Lo primero que hay en el expediente es esa nota. ¿Quién la hace? ¿El gobernador? No, el ministro. Eso está en el expediente', remarcó.

La confesión sobre Gutiérrez

El fiscal también se refirió a por qué el exgobernador Gutiérrez no fue imputado en la causa. Vignaroli reconoció que, pese a ser quien firmó el decreto, no contaba con los elementos suficientes para sostener una acusación formal contra él en esta etapa del proceso. La explicación apunta a las dificultades para probar el conocimiento directo del exgobernador sobre la irregularidad en la aplicación de los fondos.

Los fondos en cuestión fueron obtenidos en un contexto de conflictividad social en la provincia. La fiscalía sostiene que hay pruebas de que el dinero se declaraba para un fin y se pagaba para otro, y que los ministros tuvieron participación activa en esa tramitación. 'Tenemos pruebas de cómo se decía que se iba a destinar a una cosa y se pagaba para otra. La jueza no vio los expedientes y, por eso, no vio las insistencias ministeriales', afirmó Vignaroli.

Ahora la causa pasa a la Cámara. Vignaroli anticipó que apelará el sobreseimiento y espera que el tribunal de alzada sí revise la totalidad de la prueba documental antes de confirmar o revertir la decisión de primera instancia.