El exintendente 'Conejo' Martínez escapó horas antes de ser detenido por narcolavado

Carlos 'Conejo' Martínez, exintendente de Aguas Blancas, desapareció el sábado pasado minutos antes de que efectivos federales llegaran a arrestarlo. La causa lo señala como jefe de una organización dedicada a lavar dinero proveniente del narcotráfico, y su fuga abrió de inmediato la hipótesis de que alguien le habría anticipado el operativo.

El escape derivó en un pedido de captura nacional que sigue vigente. Mientras Martínez permanece prófugo junto a otro sospechoso aún no identificado, la causa generó 32 allanamientos y 11 detenciones en simultáneo, entre ellas la de familiares directos del exfuncionario y dos contadores de confianza.

La audiencia y las prisiones preventivas

Este martes, el juez federal de Orán Gustavo Montoya encabezó una audiencia de seis horas en la que todos los detenidos fueron formalmente imputados. Al término, el magistrado dispuso prisión preventiva efectiva para siete de los once acusados y le fijó a la fiscalía un plazo de seis meses para cerrar la investigación.

Según la hipótesis que presentaron los fiscales, los imputados habrían conformado una asociación ilícita con un esquema claro: tomar fondos del narcotráfico e introducirlos en el circuito económico legal mediante distintas operaciones financieras y patrimoniales.

Familia, contadores y allegados en la mira

Entre los imputados figuran el hijo del presunto líder, Miguel Ángel Martínez, su hija Jessica Elizabeth Martínez, su exmujer Nancy Mirta Cordero y su pareja actual Tamara Tapia. La familia entera del exintendente quedó atrapada en la red judicial.

También fueron acusados los contadores Orlando Oris Lovera y Julián Manuel Barreiro. La fiscalía sostiene que ambos profesionales habrían puesto su expertise técnico al servicio de la organización para bancarizar activos de origen ilícito. El resto de los imputados incluye a Dimas José Ruiz, Rafael Antonio Aragón Rodríguez, Emiliano Pascual Ollarzú, María Cristina Flores y Mauro Alberto Rojas.

La causa fue impulsada por la Procunar y la Procelac, ambas dependientes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, tras casi dos años de investigación. La sospecha de que Martínez recibió un aviso previo al operativo es uno de los ángulos que la Justicia todavía no descartó pero tampoco confirmó. Mientras eso se dilucida, la prioridad sigue siendo capturarlo.