Devoto queda casi vacía: ya trasladaron a 1.400 presos a Marcos Paz

El Servicio Penitenciario Federal trasladó a más del 93% de los internos de la cárcel de Villa Devoto al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. En la quinta jornada del operativo, que arrancó el domingo 11, fueron derivados otros 207 detenidos y ya suman 1.400 los alojados en la nueva unidad. El penal porteño albergaba alrededor de 1.500 presos.

El Ministerio de Seguridad Nacional calificó la mudanza de "histórica" y la ubicó dentro de la reorganización de la infraestructura penitenciaria federal. La ejecuta un Comando Unificado integrado por las cinco fuerzas federales, creado por la Resolución 1018/2026, que planifica cada movimiento según el perfil criminológico de los internos. La ministra Alejandra Monteoliva destacó que el grueso del traslado se completó en menos de una semana y bajo "máximo control".

Un complejo que tardó años en abrirse

El nuevo complejo ocupa 80 hectáreas y tiene cuatro unidades de máxima seguridad con capacidad para 2.232 internos. Lo construyó la Ciudad y luego lo entregó al Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco de un convenio firmado en 2018. Ese acuerdo estimaba un costo de US$ 130,2 millones, de los cuales la Nación aportaría 60.

La mudanza estaba prevista para 2020, pero la obra estuvo paralizada cinco años. Recién se reactivó en diciembre de 2024, cuando la Ciudad adjudicó su finalización a la empresa CRIBA SA por $ 96.984,8 millones. "Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto", celebró el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El frente judicial y el destino del predio

La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un hábeas corpus colectivo contra los traslados. Lo rechazó el juez Santiago Bignone y después la Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional. Los camaristas admitieron que no se respetó el protocolo de aviso previo, pero consideraron que devolver a los internos a Devoto podría agravar sus condiciones de detención.

Tampoco dieron por acreditadas dificultades para estudiar y valoraron las gestiones para habilitar un espacio del programa UBA XXII. Ordenaron que, de ahora en más, el SPF comunique cada traslado a jueces y defensas con 72 horas de anticipación y garantice el ingreso inmediato de la Procuración para monitorear la situación.

Queda por definir qué pasará con el predio de unas 4,6 hectáreas, entre las calles Bermúdez, Pedro Lozano, Desaguadero y Nogoyá, cuyo dominio corresponde al Estado nacional. El proyecto de 2018 prevé destinar el 65% a espacios verdes y públicos y el 35% a viviendas, pero cualquier cambio requiere la aprobación de la Legislatura porteña. Además, por haber alojado presos políticos durante la última dictadura y haber sido escenario de la Masacre del Pabellón Séptimo, en 1978, algunos sectores podrían quedar protegidos como sitio de memoria.