Detuvieron a cinco integrantes de la banda de los autos mellizos tras 24 allanamientos en Córdoba

La Justicia federal investiga el rol de cada uno de los detenidos de la banda de los autos mellizos, una organización que vendía vehículos con identidad adulterada simulando operaciones legítimas. Durante la semana se realizaron 24 allanamientos coordinados por la Gendarmería Nacional Argentina, con cinco personas detenidas y alojadas en la cárcel, mientras que una sexta cumple prisión domiciliaria. Las medidas fueron dispuestas por el juez Carlos Arturo Ochoa.

La causa está a cargo de la Fiscalía Federal de Rodolfo José Cabanillas y nació de la denuncia pública de una vecina de Rosario. La mujer viajó a Río Cuarto para comprar una camioneta Toyota por 37 mil dólares a un supuesto médico, que la citó en el Hospital San Antonio de Padua. A partir de ese caso se reconstruyó el funcionamiento de una estructura dedicada a poner en el mercado unidades con documentación falsa.

Qué se secuestró y qué se analiza

En los procedimientos se secuestraron varios vehículos adulterados, documentación, chapas patente, formularios y computadoras. Ese material ahora pasa por pericias que buscan determinar las responsabilidades individuales dentro de la organización. El objetivo es establecer quién sustraía las unidades o proveía los automóviles originales para luego ocultarlos de manera temporal.

Según el esquema que maneja la investigación, la estructura se dividía en etapas. Una parte de los implicados se encargaba de modificar los números de identificación de los automotores y de generar la documentación necesaria para los llamados mellizos, es decir, vehículos que replicaban los datos de otros originales. Esa tarea era la que permitía que las unidades circularan y se vendieran como si fueran legales.

Los cargos y los pasos que vienen

La tercera etapa de la organización la integraban quienes daban la cara ante los compradores. Eran los que colocaban los autos mellizos en el mercado y simulaban transacciones legítimas, como ocurrió en el encuentro pactado en el hospital de Río Cuarto. Los imputados enfrentan cargos federales vinculados a delitos económicos y falsificación de documento público.

El análisis de las pruebas demandará varias semanas en el Juzgado. Después llegarán las indagatorias, en las que se precisará el grado de participación de cada detenido, y recién entonces el juez deberá resolver los procesamientos.