Desarticularon una red que falsificaba agroquímicos Syngenta y los vendía en Córdoba

Una denuncia de la empresa Syngenta Agro SA derivó en el desbaratamiento de una red que adulteraba, fraccionaba y comercializaba ilegalmente agroquímicos con la marca de esa compañía en el interior de Córdoba. El operativo se ejecutó el jueves 1 de octubre, tras dos meses de investigación conducida por la fiscal federal de Villa María, María Schianni, en conjunto con Gendarmería Nacional.

Todo arrancó cuando productores agropecuarios se quejaron ante Syngenta por la ineficacia de productos que habían comprado. La empresa rastreó el origen y presentó una denuncia formal. A partir de ahí, los investigadores identificaron la red que habría producido cientos de litros de una sustancia falsa comercializada bajo esa marca reconocida del mercado de agroquímicos.

Los allanamientos y lo que encontraron

Por orden del Juzgado Federal de Villa María, a cargo del juez Sergio Pinto, se realizaron siete allanamientos simultáneos en las localidades de Pozo del Molle y Sacanta. Los procedimientos abarcaron locales comerciales, oficinas, domicilios particulares, depósitos y un establecimiento rural que habría funcionado como centro de producción y envasado.

En ese predio se encontró una infraestructura montada para cubrir todas las etapas de la maniobra: almacenamiento de sustancias, mezcla, envasado, etiquetado y distribución. Los investigadores secuestraron más de 300 bidones con contenido presuntamente adulterado, envases reutilizados de distintas capacidades, recipientes y tanques para almacenar y mezclar, además de insumos para acondicionar y despachar la mercadería.

La impresora industrial y las sustancias prohibidas

Uno de los hallazgos clave fue una impresora industrial codificadora que habría servido para producir etiquetas apócrifas y hacer pasar los productos truchos como originales de Syngenta. Sin ese equipo, la operación no habría podido escalar al nivel de distribución que alcanzó.

Además, los procedimientos permitieron detectar sustancias cuya comercialización o uso estaría prohibido, según fuentes vinculadas a la investigación. Ese punto abre una línea paralela sobre el posible daño ambiental generado por los productos distribuidos en campos de la región.

La causa apunta en principio a una presunta infracción a la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones, aunque la fiscal Schianni también analiza posibles delitos de estafa y eventuales daños al medioambiente. La investigación sigue abierta y no se descarta la incorporación de nuevos imputados a medida que avanza el análisis del material secuestrado.