Denunciaron penalmente a un legislador cordobés por incitación al odio hacia personas trans

La Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros (Attta) y otros colectivos de la diversidad sexual presentaron el lunes una denuncia penal contra el legislador provincial cordobés Gregorio Hernández Maqueda, integrante de la bancada Mejor Futuro. La acusación es por incitación al odio y expresiones discriminatorias vertidas en un canal de streaming, donde el político cuestionó la Ley N° 26.743 de Identidad de Género y afirmó que 'no existe la obligación' de respetar el nombre de la actriz y conductora Flor de la V.

La abogada de Attta, Laura Britos, explicó que la denuncia se formalizó a partir de esas declaraciones públicas. Según la letrada, Hernández Maqueda no solo desacreditó una ley vigente, sino que también llamó a la población a desconocerla, lo que agrava la situación desde el punto de vista legal.

Qué dice la denuncia

Britos subrayó que el nombre legal de una persona trans no es un detalle menor: 'Es la puerta al resto de los derechos. Sin esa adecuación, una persona trans no puede ir al médico, votar ni trabajar con coherencia entre su identidad y su documento.' La abogada remarcó que antes de la sanción de esa norma, en 2012, la comunidad trans quedaba excluida de servicios básicos por esa incongruencia documental.

En otro tramo de la entrevista que motivó la denuncia, el legislador calificó de 'enfermedad' las identidades trans, un lenguaje que Britos consideró especialmente peligroso. 'Ese término ya fue descartado por todos los manuales diagnósticos. Usarlo en un medio masivo puede generar situaciones violentas contra niñeces y adolescencias trans que piden respeto en las escuelas', advirtió.

El marco legal en juego

La Ley de Identidad de Género habilita la modificación del nombre, la foto y el sexo registrado en el DNI sin necesidad de cirugías ni diagnósticos médicos. Su respaldo llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la identidad autopercibida. Para los colectivos denunciantes, las palabras del legislador no son una opinión política sino una incitación directa a violar esa normativa.

Hernández Maqueda se referencia con los lineamientos de La Libertad Avanza y hasta el momento no emitió declaraciones públicas en respuesta a la denuncia. La presentación judicial quedó radicada y será la Justicia cordobesa la que defina si las expresiones encuadran en el delito que señalan las organizaciones.

La denuncia abre un debate sobre los límites del discurso de funcionarios electos cuando sus declaraciones involucran a grupos en situación de vulnerabilidad. Britos cerró con un dato contundente: la expectativa de vida de una persona trans en situación de marginalidad no supera los 35 años, y leyes como la cuestionada por el legislador son, según la abogada, una herramienta concreta para revertir esa realidad.