Defensoría pide frenar el decreto que cambia la consulta previa a comunidades étnicas

La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió al Ministerio del Interior que no expida, en su versión actual, el proyecto de decreto que modifica las reglas de la consulta previa. Sostiene que varias disposiciones podrían afectar la participación de pueblos y comunidades étnicas en decisiones sobre sus territorios y sus derechos fundamentales.

La postura quedó plasmada en un documento fechado el 23 de octubre de 2026 y dirigido a Eliana Marcela Espinosa Silva, directora Jurídica de la cartera. Allí, la entidad formuló observaciones al proyecto, que modificaría apartados del Decreto 1066 de 2015 referidos a la procedencia y la oportunidad de la consulta previa.

La Defensoría no rechaza de plano la reforma. Reconoce que el marco reglamentario necesita una actualización, que hay que dar mayor seguridad jurídica a las actuaciones administrativas y que existen problemas para identificar a las comunidades étnicas que deben ser consultadas. Pero advierte que la búsqueda de eficiencia no puede imponer condiciones que dificulten el ejercicio efectivo de este derecho.

Los puntos cuestionados

Según el organismo, el proyecto incorpora nuevas cargas de información, términos de comparecencia preclusivos y restricciones para sumar a comunidades que no hayan sido identificadas a tiempo. Su preocupación es que estas exigencias compliquen la tarea del Estado de determinar con rigor todas las posibles afectaciones directas sobre pueblos indígenas y otras comunidades étnicas.

Uno de los aspectos más objetados es la posibilidad de excluir de manera automática a las comunidades que no se presenten dentro de ciertos plazos. Para la Defensoría, un esquema así puede dejar afuera a grupos que sí resultarían afectados por un proyecto, solo por una cuestión de tiempos.

El enfoque de derechos

La entidad sostiene que la consulta previa es una garantía de participación, autonomía, integridad cultural y autodeterminación. Por eso, plantea que las reglas que definen cuándo procede deben evaluarse por sus efectos reales sobre el ejercicio de esos derechos y no solo por su utilidad administrativa.

Queda pendiente la respuesta del Ministerio del Interior, que debe decidir si expide el decreto tal como está o incorpora las observaciones de la Defensoría antes de su publicación definitiva.