Cuatro policías y una gestora, investigados por cobrar coimas en verificaciones vehiculares

Tres policías quedaron detenidos con prisión preventiva y un cuarto permanece imputado en libertad tras una investigación que desnudó una red de coimas en la verificación policial de autos y motos en Esperanza, Santa Fe. El esquema permitía aprobar los trámites sin cumplir el procedimiento administrativo obligatorio, a cambio de dinero.

Según lo que trascendió de la causa, la maniobra no era reciente: los investigadores determinaron que el sistema de pagos irregulares funcionaba al menos desde 2020. Durante esos años, conductores podían conseguir la verificación vehicular habilitada sin presentarse al control ni cumplir los requisitos legales.

Cómo funcionaba el esquema

En la operatoria aparece también una gestora, figura civil que oficia de intermediaria entre los particulares y los trámites oficiales. La sospecha es que actuaba como nexo entre quienes querían evitar el trámite formal y los efectivos que tenían acceso al sistema para validar las verificaciones. La causa investiga si el dinero ingresaba de manera organizada o se trataba de acuerdos puntuales.

La verificación policial es un control obligatorio en la provincia de Santa Fe para vehículos usados y en determinadas circunstancias. Su aprobación requiere la revisión física del rodado y la constatación de datos como el número de chasis y motor. Saltear ese proceso implica que vehículos con irregularidades —robados, adulterados o en mal estado— pueden circular con documentación aparentemente en regla.

El estado de la causa

Tres de los cuatro policías imputados están alojados en una unidad penitenciaria mientras la Justicia avanza en la investigación. El cuarto efectivo enfrenta el proceso sin prisión preventiva, aunque con restricciones. La gestora también fue incluida en la causa, aunque su situación procesal no fue detallada públicamente hasta el momento.

La fiscalía a cargo del expediente analiza registros administrativos para determinar cuántas verificaciones fueron aprobadas de manera irregular y el volumen económico de la maniobra en los años que abarca la pesquisa.

Si la investigación confirma la escala del fraude entre 2020 y la fecha del descubrimiento, el caso podría extenderse a otros imputados. Por ahora, la Justicia santafesina tiene en la mira a cinco personas y un período de actividad que supera los cuatro años.