Cuatro hermanas imputadas por manejar una red narco desde Santa Fe

El 9 de septiembre pasado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria ejecutó 29 allanamientos simultáneos en Rosario, Funes, Roldán, Ybarlucea, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther y Carcarañá, además de procedimientos en Junín y en la localidad salteña de Aguas Blancas. El resultado: siete detenidos, entre ellos cuatro hermanas señaladas como parte central de una red de distribución de estupefacientes que funcionaba desde mayo de 2024.

Dos días después, el 11 de septiembre, los fiscales federales Franco Benetti y Gonzalo Ruggeri formalizaron las imputaciones ante el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz. Los acusados enfrentan cargos por integrar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas con alcance en varias localidades del sur de Santa Fe y conexiones en la provincia de Buenos Aires.

El celular que destapó todo

La investigación arrancó a partir de un dato puntual: el 8 de mayo de 2024, el Servicio Penitenciario Federal extrajo de manera forense el teléfono de un hombre condenado por narcotráfico alojado en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. En ese dispositivo aparecieron conversaciones con una de las hermanas imputadas, identificada como E.T.M., en las que se hablaba de paquetes de estupefacientes. A partir de ahí, nuevas intercepciones permitieron reconstruir cómo esa mujer administraba el 'negocio' en el territorio.

El detenido en Ezeiza tiene vínculos con Los Monos, la banda narco más conocida de Rosario. Desde la celda coordinaba movimientos y daba instrucciones que E.T.M. ejecutaba afuera, según expuso la fiscalía durante la audiencia.

Lo que encontraron en los operativos

El material secuestrado en los 29 allanamientos fue significativo: 38.700 dólares en efectivo, cheques diferidos por tres millones de pesos, cinco escopetas, 420 cartuchos de distintos calibres, seis autos, cuatro camionetas, 42 celulares y más de un kilo de marihuana, entre otros elementos incorporados a la causa.

Tras escuchar a los fiscales, el juez Rodrígues Da Cruz ordenó prisión preventiva por seis meses para cinco de los imputados. A los otros dos les otorgó la libertad al considerar que su participación en la estructura era menor y no justificaba la medida cautelar.

La causa quedó en manos de la PROCUNAR Región NEA y la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario. Con cinco personas en prisión preventiva y la línea que une la cárcel de Ezeiza con el sur santafesino ya trazada, la investigación apunta ahora a determinar la extensión real de la red y si existen otros eslabones aún sin identificar.