Crimen de Julián Dobra: la Fiscalía pasó a coautor a un hombre y reformuló cargos a siete

El Ministerio Público Fiscal reformuló los cargos contra siete personas, cuatro de ellas menores punibles, en la causa por el crimen de Julián Dobra. En la audiencia, la fiscal jefe Belén Calarco y el fiscal del caso Marcelo Ramos pidieron además agravar la situación procesal de uno de los sospechosos, que pasó de estar imputado por encubrimiento a ser considerado coautor del homicidio.

Según la Fiscalía, ese hombre planificó el hecho y utilizó a los menores para concretar el ataque con el objetivo de conseguir dinero. Para la acusación, facilitó la maniobra al sacar a Dobra de su vivienda con la excusa de probar armas. Se le formularon cargos por homicidio premeditado y criminis causa, agravado por la participación de menores y el uso de arma de fuego, y por hurto calificado de las pertenencias de la víctima y de su vehículo Suzuki Fun. La Fiscalía solicitó su prisión preventiva.

Las pruebas que sostienen el cambio

El giro se apoyó en peritajes científicos e informáticos. El Gabinete de Criminalística cotejó rastros de calzado con imágenes obtenidas de celulares. La Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) aportó geolocalizaciones, registros de llamadas y mensajes que habían sido borrados después del hecho y fueron recuperados.

Los informes forenses, por su parte, confirmaron que la víctima recibió múltiples golpes y presentó signos de agonía. A eso se sumó el hallazgo del Laboratorio Regional de Genética Forense de Bariloche: ADN de contacto en la empuñadura de un arma de fuego secuestrada en el domicilio de uno de los acusados.

Las medidas cautelares y la postura de las defensas

La Fiscalía pidió que continúe la prisión preventiva del otro adulto considerado coautor principal y prisión domiciliaria con tobillera para quien quedó imputado por encubrimiento agravado con ánimo de lucro. Para los adolescentes con participación directa en el homicidio, solicitó prorrogar el arresto domiciliario con tratamiento tutelar de la SENAF. Sostuvo que en todos los casos existe riesgo de fuga ante la cercanía del juicio oral, y pidió extender la investigación penal preparatoria hasta el 10 de febrero de 2027.

Las defensas se opusieron a las nuevas calificaciones y a los pedidos cautelares. La Defensa Penal Juvenil cuestionó que haya existido premeditación o criminis causa y remarcó que los menores cumplieron estrictamente las pautas impuestas. Con ese argumento, pidió que cese el encierro domiciliario.

El juez de garantías Julio Martínez Vivot dará a conocer su resolución sobre los planteos el viernes 6 de octubre a las 12:30, en los tribunales de General Roca. Definirá si acepta las nuevas calificaciones y qué medidas cautelares regirán para cada uno de los siete imputados.