Cormick concedió la apelación del Gobierno, pero la cautelar por fondos universitarios sigue vigente

El juez federal Martín Cormick concedió la apelación que presentó el Gobierno de Javier Milei contra la sentencia que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, la 27.795. Con esa decisión, el conflicto pasa a segunda instancia. Sin embargo, el recurso no frena el cumplimiento de la cautelar que ya estaba en vigor.

El expediente será analizado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que deberá resolver si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia. El recurso lo presentó el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, contra la resolución del 6 de octubre, que cuestionó la validez del decreto.

Qué dijo el juez sobre la cautelar

En su resolución, Cormick aclaró que la apelación no interrumpe el trámite de ejecución de la medida cautelar. El magistrado señaló expresamente que "se dará continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento de la cautelar vigente". Es decir, mientras la Cámara revisa el caso, el Estado nacional sigue obligado a cumplir con lo dispuesto en el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales.

La aclaración tiene peso práctico: apelar no suspende las obligaciones que el tribunal ya impuso al Ejecutivo. El trámite de ejecución continúa en paralelo al análisis de la sentencia de fondo por parte de los camaristas.

El decreto cuestionado y el pedido del Gobierno

El Decreto 759/2025 condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que se identificaran las fuentes de recursos necesarias y a que se incorporaran las partidas correspondientes en el presupuesto. El juez consideró inválida esa disposición y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con las obligaciones previstas en la Ley 27.795.

Frente a ese fallo, el Gobierno pidió que la sentencia se revoque íntegramente y que se rechace la demanda contra el Estado nacional. Ahora queda pendiente lo que decida la Cámara, que definirá si el decreto se sostiene o si la ley debe aplicarse en los términos que fijó el juez de primera instancia.