Córdoba exime de contabilidad tradicional a asociaciones civiles y fundaciones que facturen hasta el tope de la categoría H

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) de Córdoba reglamentó el régimen simplificado para asociaciones civiles y fundaciones de menor escala. Quedan alcanzadas todas las entidades inscriptas con domicilio social en la provincia cuyos ingresos brutos anuales no superen el límite máximo de la categoría H del Monotributo. Las que cumplan ese parámetro no tendrán que llevar los libros contables obligatorios ni confeccionar los estados técnicos que exige el Código Civil y Comercial de la Nación.

La reglamentación se apoya en la Ley Provincial 11.144, que establece el Régimen de Simplificación para Asociaciones Civiles y Fundaciones de Reducida Escala Económica. La norma usa la facultad que el artículo 320 del Código Civil y Comercial da a las jurisdicciones locales para eximir de contabilidad a las entidades que, por el volumen de su giro, no superen los parámetros que fije la reglamentación. El artículo 6° designa como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Economía, a través de la IPJ, que queda facultada para definir los parámetros de acceso y dictar las disposiciones de implementación.

Qué deberán presentar las entidades

En lugar de la contabilidad tradicional, las organizaciones tendrán que llevar un Registro de Ingresos y Egresos en orden cronológico. Además, cada año presentarán una documentación informativa simplificada que incluye un Estado Especial de Recursos y Gastos y un Estado Patrimonial Especial. A eso se suma un informe de un Contador Público matriculado, legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de la provincia.

La ley también impone obligaciones a cambio de la dispensa. Las entidades deben conservar la documentación respaldatoria, completar las planillas informativas que fije la autoridad de aplicación y poner la información a disposición de la IPJ o de cualquier otro organismo competente. La eximición alcanza a la contabilidad, no al deber de rendir cuentas.

Por qué se eligió la categoría H

Según los fundamentos de la resolución, se adoptó el tope de ingresos de la categoría H del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes por ser un valor de conocimiento público, que el organismo recaudador actualiza periódicamente y que las propias entidades pueden verificar con facilidad. Así, no hace falta un parámetro propio de la provincia que requiera seguimiento aparte.

La norma también prevé un mecanismo de articulación con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El objetivo es que la documentación presentada ante la IPJ pueda usarse ante el organismo nacional, para evitar duplicidad de trámites, reducir los costos de cumplimiento y mejorar el control fiscal.

Queda pendiente la definición operativa de los mecanismos de presentación, que la IPJ deberá disponer en coordinación con ARCA y con el CPCE de Córdoba. Hasta que eso ocurra, las entidades alcanzadas deberán esperar las pautas concretas para adecuar sus registros a la nueva modalidad.