Congreso en Salta debatió cómo aplicar el nuevo régimen penal juvenil

Salta fue sede del IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, organizado por JuFeJus, el Foro Penal Juvenil y el Poder Judicial salteño, entre otros organismos. El encuentro convocó a referentes del sistema judicial de todo el país para debatir los desafíos concretos que plantea el nuevo Régimen Penal Juvenil, que entró en vigor hace menos de un mes en toda la Argentina.

En la apertura participaron el vicegobernador Antonio Marocco, la presidenta de la Corte de Justicia Teresa Ovejero, la Defensora General Ada Zunino, el juez Fabián Vittar, la presidenta de JuFeJus Emilia María Valle y la jueza en lo Penal Juvenil Nadia Cruz. También estuvo presente el Asesor General del Ministerio Público Pupilar, Gaspar Solá Usandivaras, quien tomó la palabra para marcar los puntos críticos de la nueva normativa.

La especialización como eje del debate

Solá Usandivaras señaló que la Ley 27.801 obliga al sistema judicial a tratar a cada adolescente en conflicto con la ley como una persona en desarrollo y sujeto de derechos, dentro de un circuito diferenciado del sistema penal de adultos. Subrayó que esa especialización no puede limitarse a los jueces y fiscales: también alcanza a los equipos interdisciplinarios que trabajan en territorio y que son determinantes a la hora de tomar decisiones caso a caso.

El funcionario advirtió además que el nuevo régimen tiene que articularse con la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde 2005. Según su lectura, lograr que ambos sistemas funcionen de manera coordinada es uno de los desafíos más urgentes que enfrentan las distintas jurisdicciones del país.

Datos y prevención para reducir la reincidencia

Otro punto que destacó Solá Usandivaras fue la falta de sistemas de gestión capaces de registrar y medir las vulneraciones de derechos que afectan a niños y adolescentes. Sin esa información sistematizada, sostuvo, resulta difícil detectar problemáticas a tiempo e intervenir antes de que se agraven. La disponibilidad de datos concretos también permitiría orientar políticas públicas preventivas adaptadas a las particularidades de cada provincia.

En esa línea, planteó que la Ley 27.801 apunta a construir un sistema que no solo sancione sino que también prevenga la reincidencia, algo que requiere herramientas de seguimiento y diagnóstico que hoy, en muchos casos, no existen o están fragmentadas.

El congreso continuó con paneles y mesas de trabajo donde operadores judiciales de distintas provincias compartieron experiencias y modelos de gestión. La reunión marca uno de los primeros espacios nacionales de reflexión colectiva sobre una ley que, pese a las controversias que generó su sanción, ya es derecho vigente y exige respuestas concretas del Estado en todos sus niveles.