Siete cámaras nacionales y 30 entidades provinciales firmaron el reclamo. Advierten que sin actualización de valores hay riesgo de cierres y de saturación de los hospitales públicos.

Las principales cámaras de la salud privada pidieron de manera formal una audiencia urgente con el Gobierno nacional, en especial con los funcionarios con poder de decisión en el Pami, organismo que depende del Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones. El pedido conjunto fue acompañado por 30 entidades provinciales y reúne a clínicas, sanatorios y hospitales prestadores de todo el país.
El reclamo gira en torno a la distancia entre los aranceles prestacionales, que están congelados o desactualizados, y el aumento de los costos de insumos, medicamentos y equipamiento. El documento, al que accedió Perfil, pone el foco en el impacto sobre las prestaciones a afiliados del Pami, la obra social de los adultos mayores. Según el sector, la brecha ya expone a algunas instituciones al riesgo de cierre. No es la primera vez que las alarmas se encienden: ocurrió en distintos meses de 2026.
En la presentación, los firmantes destacaron la dimensión del sistema que representan. Según sus datos, concentran el 51% de los establecimientos con capacidad de internación y el 56% del total de camas disponibles en la Argentina. Además, dan empleo directo e indirecto a más de 330.000 profesionales y trabajadores de la salud.
"Necesitamos una instancia de diálogo urgente con el Gobierno para preservar la respuesta sanitaria de millones de argentinos", sostuvieron los dirigentes en el comunicado conjunto. Alertaron que una eventual interrupción de las actividades clínicas privadas provocaría una saturación inmediata e irreversible de las guardias y los hospitales de la red pública.
La solicitud lleva la firma de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra), la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Acami), Capress, la Confederación Médica de la República Argentina (Confeclisa), Fecliba y Salud Federal. A ellas se sumaron tres decenas de agrupaciones federales.
Con la convocatoria, las entidades buscan abrir una mesa técnica con Lugones para definir mecanismos de actualización de aranceles, alivio fiscal o esquemas de financiamiento extraordinario. El objetivo declarado es evitar la interrupción de prestaciones médicas y la pérdida de puestos de trabajo en el sector.
Los pedidos no son nuevos y provocaron cruces entre los sectores durante todo el año. Fuentes libertarias señalaron, una vez más, al ministro de Economía, Luis Caputo, como quien define las partidas presupuestarias. Según el relato, Caputo prometió fondos para actualizar los valores reclamados, pero esa promesa no se concretó. El conflicto escaló sobre todo en el interior del país, con distintas protestas de profesionales, y queda pendiente si el Gobierno responderá con una fecha de reunión.
Fuente: El Litoral Corrientes
¿Quiénes piden la reunión con el ministro de Salud?
Las principales cámaras de la salud privada, entre ellas Adecra, Acami, Capress, Confeclisa, Fecliba y Salud Federal, junto con 30 entidades provinciales.
¿Cuál es el motivo del reclamo?
Los aranceles prestacionales están congelados o desactualizados y no acompañan el aumento de costos de insumos, medicamentos y equipamiento, con impacto en las prestaciones del Pami.
¿Qué peso tiene el sector privado en el sistema de salud?
Según el pedido, concentra el 51% de los establecimientos con internación y el 56% de las camas del país, y emplea a más de 330.000 trabajadores de manera directa e indirecta.

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