Caza ilegal en la Laguna Setúbal: empleado estatal enfrenta multa de $3,5 millones

El secretario de Biodiversidad de Santa Fe, Alejandro Luciani, confirmó que el influencer identificado como cazador ilegal en la Laguna Setúbal es empleado de planta del Estado provincial. Los hechos ocurrieron en aguas a metros del barrio El Pozo y frente a la sede central del Ministerio de Ambiente, una zona donde la caza está vedada durante todo el año para cualquier especie. El acusado tampoco contaba con carnet habilitante de caza deportiva emitido por el organismo competente.

Las irregularidades se acumulan sobre la base de la Ley Provincial N.° 4.830 de Protección de Fauna. Luciani subrayó que tanto el departamento La Capital como el de Rosario tienen prohibición absoluta de caza, sin excepción, y destacó el riesgo concreto que representan los disparos y perdigones cerca de zonas residenciales densamente pobladas.

La multa y el cambio en los montos sancionatorios

La sanción administrativa que aplicará la Provincia asciende a unos 3.500.000 pesos, el tope máximo vigente. Luciani explicó que la gestión actual actualizó esos límites: antes, el máximo no superaba los 140.000 pesos. La acumulación de infracciones fue determinante para llegar al techo de la escala.

En paralelo, la causa judicial avanza. La ley contempla la posibilidad de días de prisión preventiva y la continuidad de un proceso penal. Tras las primeras actuaciones, las fuerzas de seguridad realizaron allanamientos en el domicilio del implicado, aunque hasta el momento no encontraron las armas ni los ejemplares abatidos.

El argumento del consumo personal no fue aceptado

En videos difundidos en redes sociales, el acusado justificó la caza alegando que era para consumo propio o para hacer conservas. Luciani rechazó ese razonamiento de forma directa: 'No es justificación cometer un delito para llevar comida a su casa. Somos la autoridad de aplicación de una norma y la tenemos que hacer cumplir.'

El secretario también advirtió que comercializar carne de fauna silvestre sin intervención de organismos como SENASA o ASSAL representa un riesgo sanitario real: no existe trazabilidad ni cadena de frío, lo que pone en peligro la salud pública más allá del daño ambiental.

La investigación penal sigue abierta. La Justicia busca determinar el paradero de las armas y los animales cazados, mientras la Provincia avanza en el trámite administrativo de la multa. El caso expuso un vacío de control sobre empleados estatales que desarrollan actividades ilegales documentadas en redes sociales.