Carrió exige que Diputados rechace el capítulo del DNU sobre tierras extranjeras

Elisa Carrió salió a cuestionar la decisión de la Corte Suprema que dejó en pie el artículo 154 del DNU 70/2023, el que elimina las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos o empresas del exterior. La ex diputada reclamó que la Cámara de Diputados avance de inmediato con el rechazo formal de ese capítulo del decreto presidencial y responsabilizó a los aliados del oficialismo por no haberlo impedido antes.

El fallo fue dictado este martes por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte revocó una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que, en marzo de 2024, había declarado inconstitucional ese artículo del DNU, a partir de un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

Por qué el decreto sigue vigente

El tribunal no se pronunció sobre la validez constitucional del artículo cuestionado. Solo determinó que el CECIM no tiene legitimación activa para litigar en ese caso, porque la soberanía territorial es una competencia del Estado y no un 'bien colectivo' en los términos del artículo 43 de la Constitución. El propio fallo dejó en claro que no restringe las facultades del Congreso para analizar y rechazar la norma.

Carrió explicó la mecánica que, según ella, mantuvo el decreto en pie: cuando el Ejecutivo llevó la regulación de tierras al Congreso como proyecto de ley, lo perdió en Diputados. Pero en el Senado, los aliados no votaron en contra del capítulo, sino que lo sacaron del temario. Esa diferencia no es menor. Si una cámara rechaza formalmente una parte de un DNU, esa sección queda derogada. Si simplemente no la trata, el decreto permanece válido. 'Al sacarla de la discusión, quedó vigente el DNU en ese capítulo de tierras', sostuvo.

La reacción opositora y la jugada del Gobierno

La resolución de la Corte aceleró movimientos en la oposición. Líderes de distintos bloques comenzaron a articular una estrategia para voltear el DNU 70/2023 en Diputados, donde hasta ahora no habían conseguido los votos necesarios. Los decretos de este tipo deben ser rechazados por mayoría simple en ambas cámaras. El Senado ya lo había votado en ese sentido; la Cámara baja nunca completó el trámite.

Desde el Gobierno de Javier Milei evalúan una salida alternativa: incorporar la regulación de compra de tierras a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado y espera tratamiento en Diputados. La idea que circula entre fuentes libertarias es negociar con los aliados un tope del 15% del territorio rural para adquisiciones extranjeras, con el objetivo de enmarcar el debate dentro de un proyecto propio y en condiciones más favorables para el oficialismo.

El escenario que se abre combina presión opositora, maniobras legislativas del oficialismo y una Corte que evitó definirse sobre el fondo. Lo que sí quedó claro es que el Congreso tiene la llave: si Diputados vota el rechazo formal, el artículo cae. Si no lo hace, la norma sigue en vigor.