Capital Humano denunció al diputado Itaí Hagman y a otras cuatro personas por la toma del Pizzurno

El Gobierno nacional presentó este jueves una denuncia penal contra el diputado de Unión por la Patria Itaí Hagman y otras cuatro personas por los incidentes ocurridos en la Secretaría de Educación, en la Ciudad de Buenos Aires. La presentación la hizo el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, tras la ocupación del Palacio Pizzurno durante una protesta universitaria.

La denuncia contempla presuntos delitos de usurpación, resistencia a la autoridad, lesiones y daños. Desde el Ejecutivo indicaron que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias y que será la Justicia la que determine el grado de responsabilidad de cada uno de los denunciados.

La versión del diputado

Hagman rechazó las acusaciones y sostuvo que no participó de la ocupación ni ingresó al edificio. Según explicó, llegó al lugar después de recibir información sobre una posible intervención policial contra los estudiantes. En sus redes sociales afirmó: 'No participé de la protesta ni entré al edificio en ningún momento. Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes y que los estaban amenazando dentro del edificio'.

Durante los incidentes, Hagman y la diputada Lucía Cámpora estuvieron en las inmediaciones del establecimiento e intentaron mediar para facilitar la salida de los manifestantes. Finalmente, los estudiantes abandonaron el lugar por un pasillo habilitado por la Policía Federal.

El reclamo universitario

La protesta comenzó con una sentada frente al Palacio Pizzurno y siguió con el ingreso de estudiantes al hall central. Los manifestantes reclamaban el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las becas Progresar y más recursos para las universidades públicas.

El episodio profundizó la tensión entre el Gobierno y el sector universitario, que convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. La movilización buscará exigir la aplicación de la ley y una mayor asignación presupuestaria para el sistema educativo. Queda pendiente definir qué curso tomará la denuncia en la Justicia.