CAME advierte que detrás del bagayeo en Salta hay organizaciones delictivas internacionales

Fabián Hryniwz, director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), cuestionó que los bagayeros sean considerados simplemente trabajadores fronterizos. Lo planteó en una entrevista con el programa Pelo & Barba, emitido por Aries, en relación con el contrabando en la frontera salteña. Según dijo, esa definición ignora la precariedad laboral de quienes cruzan mercadería y el beneficio económico que obtienen las organizaciones detrás de la actividad.

El dirigente describió la situación de quienes dependen del traslado informal de productos para tener ingresos. 'Son gente que trabaja, en todo caso, en una relación casi diría de esclavitud', expresó. Para Hryniwz, el problema no termina en las personas que atraviesan la frontera con mercadería, sino que involucra una cadena comercial mucho más amplia.

Una cadena que llega a las grandes organizaciones

Sobre ese circuito, el representante de CAME fue categórico: 'Si uno empieza a remontar la cadena de comercialización en frontera, ineludiblemente termina cayendo en grandes organizaciones delictivas internacionales'. Con esa afirmación, planteó que los bagayeros ocupan el eslabón más débil de una estructura que concentra las ganancias en otros actores.

Al mismo tiempo, consideró que los controles y las restricciones comerciales, por sí solos, no alcanzan para resolver el fenómeno. Remarcó que la problemática tiene profundas raíces económicas y sociales, por lo que una respuesta limitada a la fiscalización no modificaría las condiciones que empujan a la gente a esa actividad.

Qué propone CAME

En ese sentido, Hryniwz reclamó una legislación que permita formalizar el comercio fronterizo, establecer controles sobre la mercadería que circula y crear alternativas de empleo registrado. La propuesta busca ofrecer una salida laboral a quienes hoy dependen del contrabando, sin dejar de controlar el ingreso ilegal de productos.

También defendió a los comerciantes que trabajan legalmente en localidades salteñas como Orán, Pichanal y Metán. Remarcó que cumplen con sus obligaciones tributarias y sostienen puestos de trabajo, y que compiten con una actividad que opera por fuera de la ley.

Para el dirigente, el Estado debe controlar el comercio ilegal, pero además proteger a quienes desarrollan actividades formales. También le atribuyó la tarea de promover inversiones que reduzcan la dependencia económica del contrabando en la región, un punto que CAME sigue planteando como pendiente en la agenda fronteriza.