Bolivia absolvió a guaraníes salteños acusados por conflicto en su propio territorio

Un tribunal de Tarija absolvió a integrantes de comunidades guaraníes aba de la provincia de Salta que enfrentaban cargos por turbaciones ocurridas en la zona de Churqui. La resolución llegó después de que la evidencia presentada demostrara que los incidentes denunciados no sucedieron en Bolivia sino en territorio argentino, donde los propios acusados habitaban desde hace generaciones.

El caso se originó cuando productores cañeros de la localidad boliviana de Bermejo cruzaron la frontera e ingresaron a tierras que las comunidades guaraníes reivindican como propias. Ante la resistencia de los pobladores locales, los cañeros radicaron una denuncia judicial en Tarija que derivó en un proceso penal contra los aba salteños.

El fallo y lo que determinó la Justicia boliviana

Los jueces de Tarija concluyeron que las pruebas reunidas durante la instrucción resultaban abrumadoras en cuanto al lugar de los hechos: Churqui queda dentro de la Argentina, no de Bolivia. Ese dato geográfico desarticuló la competencia del tribunal y la base misma de la acusación, lo que dejó sin sustento legal cualquier condena posible.

Las comunidades aba y organizaciones que las acompañaron en el proceso interpretaron el fallo como un reconocimiento implícito de que fueron víctimas de una maniobra judicial montada desde el lado boliviano para presionarlas y desalojarlas de facto de sus territorios ancestrales.

La reacción en Salta y el contexto del conflicto de tierras

En Salta, referentes guaraníes recibieron la noticia con alivio pero también con advertencia: la absolución cierra el expediente boliviano pero no resuelve la disputa territorial de fondo. Los cañeros de Bermejo siguen operando en zonas limítrofes y la demarcación precisa de la frontera en ese tramo sigue siendo fuente de tensión recurrente entre productores del lado boliviano y comunidades indígenas del lado argentino.

El conflicto en torno a Churqui no es nuevo. Desde hace años, familias aba denuncian avances de terceros sobre campos que usan para ganadería y agricultura de subsistencia. La falta de títulos formales sobre esas tierras las coloca en una posición vulnerable frente a quienes buscan explotarlas comercialmente.

Con el cierre del juicio en Tarija, las comunidades quedan libres de la presión penal transfronteriza, pero el reclamo de regularización dominial en territorio salteño sigue pendiente ante las autoridades argentinas. Ese es, según dirigentes aba, el paso que todavía falta para garantizar que situaciones similares no se repitan.