Argentina rechazó la guía británica que protege empresas en Malvinas

El gobierno argentino rechazó formalmente una guía publicada por el Reino Unido para proteger a las empresas que operen en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La Cancillería emitió notas de protesta y cuestionó en particular el impulso británico al proyecto petrolero Sea Lion, en un momento de creciente tensión bilateral.

El documento en cuestión se titula 'Haciendo negocios con las Islas Malvinas' y sostiene que la legislación argentina no tiene validez ni en el archipiélago ni sobre las compañías que allí operan. Londres va más lejos: recomienda a esas empresas buscar asesoramiento legal independiente ante posibles medidas argentinas y se compromete a brindarles asistencia gubernamental si enfrentan presiones en terceros países.

La posición argentina

En su comunicado, la Cancillería reafirmó que los archipiélagos y los espacios marítimos circundantes 'son parte integrante del territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido'. El gobierno de Javier Milei calificó el rechazo como 'el más enérgico' posible y lo formalizó mediante notas diplomáticas.

La respuesta argentina también apunta directamente a las actividades hidrocarburíferas impulsadas desde las islas. El proyecto Sea Lion, que involucra la extracción de petróleo en aguas del Atlántico Sur, es el eje central de la disputa: Buenos Aires lo considera una explotación ilegal de recursos naturales en territorio propio.

Tensión bilateral en escala

Esta controversia se suma a un ciclo de fricciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido que se intensificó en los últimos meses. Las sanciones que la administración Milei impulsó contra operadores vinculados a las islas generaron rispideces que ahora el gobierno británico busca neutralizar con respaldo institucional a las empresas del sector.

La guía de Londres funciona, en la práctica, como un escudo legal y político para las compañías que decidan invertir o continuar operando en Malvinas frente a eventuales represalias argentinas. El movimiento es leído en Buenos Aires como una escalada en la disputa por la soberanía del archipiélago.

La Cancillería no dejó abierta ninguna puerta de diálogo en el comunicado. La postura oficial es que cualquier actividad comercial o extractiva en las islas, avalada o no por Londres, constituye una violación del derecho internacional y de la soberanía argentina. El diferendo, lejos de descomprimirse, entra en una nueva fase con actores del sector privado en el centro de la escena.