Argentina pidió 30 días más a la Corte de EE.UU. por el juicio YPF

El gobierno de Javier Milei solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos una prórroga de 30 días para responder al recurso que presentaron los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF. De aceptarse, el plazo para presentar los argumentos argentinos vencería el 2 de diciembre. El pedido se presentó el miércoles 21 de octubre, mientras el máximo tribunal estadounidense todavía no decidió si interviene en el caso.

La solicitud se conoció después de que la jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejara formalmente sin efecto la condena que obligaba a la Argentina a pagar US$16.100 millones, monto que superaba los US$18.000 millones con intereses. Preska aplicó así la resolución de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que había revocado la sentencia original. Aun así, el fallo puede ser revisado por la Corte Suprema, a la que acudieron los demandantes para intentar restablecer la indemnización.

El analista financiero Sebastián Maril, especializado en el caso, informó que la Argentina pidió postergar su respuesta hasta el 2 de diciembre. Recordó además que los demandantes habían obtenido antes una extensión similar para preparar su recurso, presentado el 30 de septiembre y publicado el 2 de octubre. El abogado Sebastián Soler señaló que este tipo de pedidos es habitual en los procedimientos judiciales estadounidenses y que Burford había recibido una prórroga equivalente.

El origen del litigio

El juicio nació de la estatización de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Estado argentino recuperó el control de la petrolera. La operación derivó en una demanda de antiguos accionistas minoritarios, que cuestionaron las condiciones de la expropiación. El reclamo fue impulsado por las sociedades Petersen Energía y Eton Park, mientras que el fondo Burford Capital adquirió derechos económicos vinculados con el litigio.

La demanda se centró en una disposición del estatuto de YPF que, según los accionistas minoritarios, obligaba al Estado a lanzar una oferta pública de adquisición por sus acciones al tomar el control de la compañía. Sostuvieron que la ausencia de esa oferta les provocó pérdidas y reclamaron una indemnización ante los tribunales de Nueva York. Esa interpretación fue determinante para la condena que Preska dictó en septiembre de 2023, luego revocada por la Cámara de Apelaciones.

Qué puede pasar en la Corte Suprema

Los demandantes recurrieron a la Corte Suprema mediante un recurso de revisión conocido como certiorari. Buscan que el tribunal examine el fallo de la Cámara de Apelaciones y eventualmente revierta la decisión favorable a la Argentina. La presentación del recurso, sin embargo, no garantiza que los jueces acepten tratar el expediente, ya que primero deben resolver si corresponde intervenir.

Por ahora queda pendiente que la Corte conceda o no la prórroga solicitada por el Gobierno. Si lo hace, la Argentina tendrá hasta el 2 de diciembre para exponer sus argumentos contra el pedido de revisión. Recién después el tribunal podrá definir si toma el caso.