Argentina lleva a arbitraje internacional la explotación petrolera británica en Malvinas

El Gobierno argentino notificó formalmente al Reino Unido el inicio de un arbitraje internacional por la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La decisión, firmada por el presidente Javier Milei, apunta específicamente al proyecto 'Sea Lion' y exige que Gran Bretaña detenga esas actividades en un plazo máximo de dos semanas.

El mecanismo elegido es el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), un instrumento jurídico vinculante que permite a los Estados parte resolver controversias sobre recursos en sus plataformas continentales. Argentina argumenta que la explotación unilateral de petróleo en esa zona viola el derecho internacional y causa un daño irreversible a sus derechos soberanos.

El comunicado oficial de la Oficina del Presidente detalla tres frentes de acción simultáneos: medidas diplomáticas, administrativas y judiciales. La Cancillería y los equipos jurídicos del Ejecutivo quedaron a cargo de llevar adelante el procedimiento.

El ultimátum y el paso siguiente

Si el Reino Unido no adopta las medidas necesarias dentro del plazo de dos semanas, Argentina llevará el caso al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales. El objetivo declarado es preservar los derechos soberanos del país sobre la plataforma continental mientras se sustancia el arbitraje.

La notificación también alcanza la posibilidad de nuevas concesiones petroleras en la zona. El Gobierno advirtió que cualquier permiso adicional que Gran Bretaña otorgue en esa área será considerado igualmente ilegítimo y quedará dentro del alcance del reclamo.

El respaldo en resoluciones de la ONU

Desde el Ejecutivo recordaron que la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía sobre las islas y llamó a ambos países a negociar. A su vez, la Resolución 31/49 les ordenó abstenerse de tomar decisiones unilaterales que alteren la situación en el territorio en disputa.

Argentina sostiene que la explotación petrolera británica incumple directamente esa segunda resolución, y que el arbitraje es la vía legítima para hacer valer ese reclamo ante la comunidad internacional.

La movida representa una escalada diplomática significativa en la relación bilateral con el Reino Unido. El resultado del arbitraje podría establecer precedentes sobre el uso de recursos naturales en zonas disputadas y marcar el rumbo del conflicto de soberanía durante los próximos años.