Amparo de Aguas Blancas y Salvador Mazza contra ARCA pasa a Orán o Tartagal

El Juzgado Federal N.º 2 de Salta se declaró territorialmente incompetente para tratar el amparo colectivo que presentaron las municipalidades de Aguas Blancas y Salvador Mazza contra las restricciones de ARCA al comercio fronterizo. El juez Diego Anzorreguy ordenó remitir el expediente a la Mesa Distribuidora de los Juzgados Federales de Orán-Tartagal, que definirá qué tribunal se hará cargo de la causa.

La resolución lleva fecha del 26 de octubre y se limita a determinar qué tribunal debe intervenir. No resuelve el pedido de inconstitucionalidad de la Resolución General 5910/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ni concede la medida cautelar con la que los municipios buscan frenar sus efectos en ambos pasos fronterizos. La normativa sigue vigente mientras la causa cambia de jurisdicción.

Qué cuestionan los municipios

Las dos comunas actúan con el patrocinio del abogado Adrián Alejandro Albornoz y objetan los cambios en el régimen de tráfico vecinal fronterizo. Sostienen que las nuevas condiciones perjudican las actividades comerciales, los ingresos de los habitantes y la recaudación municipal. Según la descripción de la demanda que recoge el fallo, la norma fijó un límite diario de 150 dólares para las mercaderías que salen del país, prohibió el egreso de determinados granos y restringió los productos en envases de diez kilogramos o más cuando no correspondan a formatos de consumo familiar.

Los municipios afirmaron que esas disposiciones paralizaron la actividad comercial en la frontera y afectaron en especial a los trabajadores conocidos como bagayeros. Plantearon además que el régimen anterior permitió durante unas cuatro décadas el desarrollo de comercios, depósitos y empleos ligados al intercambio de mercaderías, de modo que el cambio golpea a una economía local consolidada.

El planteo sobre las facultades de ARCA

La demanda también discute las atribuciones del organismo. Los gobiernos locales argumentan que ARCA habría excedido sus facultades al establecer estas limitaciones. Agregan que el objetivo de combatir el contrabando mayorista no justifica restricciones generales que no distingan entre operaciones legítimas e ilícitas.

Con esos fundamentos pidieron que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución, y solicitaron una cautelar que suspenda su aplicación hasta que haya sentencia definitiva. Ese pedido deberá ser analizado ahora por el juzgado de Orán o Tartagal que resulte asignado, y todavía no tiene fecha de tratamiento.