Aliados del Gobierno amenazan con retirar votos si no aclaran el financiamiento en Discapacidad

Un grupo de diputados aliados al Gobierno puso en jaque el avance del dictamen sobre discapacidad aprobado en comisión esta semana. Oscar Herrera Ahuad, Oscar Zago, Eduardo Falcone y Álvaro González le pidieron formalmente al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, que informe 'con urgencia' cuánto costarán las partidas necesarias para cumplir con la nueva normativa. Si no obtienen respuestas concretas, advierten que no acompañarán la votación en el recinto.

El foco del problema es el Capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027, que propone derogar los principales puntos de la emergencia en discapacidad vigente. Desde las fuerzas dialoguistas —PRO, UCR y bloques menores— hay coincidencia en que ese artículo es 'invotable' tal como está redactado. La emergencia vence el 31 de diciembre y el kirchnerismo y la oposición más dura ya anunciaron que insistirán con prorrogarla si el oficialismo no ofrece una alternativa creíble.

La interna que complica el cuadro

Detrás del cortocircuito legislativo asoma una tensión dentro del propio Ejecutivo. Según fuentes parlamentarias, el ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo, no habría avalado la estrategia impulsada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, de avanzar con el dictamen alternativo para neutralizar a la oposición. Esa falta de coordinación es la que generó el vacío: nadie del Palacio de Hacienda salió a respaldar públicamente el financiamiento de la propuesta.

En el bloque de La Libertad Avanza hay malestar con Economía por el silencio. 'Un sector del Gobierno que quiere más ajuste no entiende que viene el Papa, que va a visitar el Cottolengo Don Orione, y nosotros no vamos a votar un recorte en discapacidad. Planteamos una salida alternativa con el menor costo posible', sintetizó un legislador libertario en diálogo con allegados al tema.

Qué pasa en el Senado y qué espera el oficialismo

Más allá de la pelea en Diputados, el oficialismo confía en que Patricia Bullrich no obstaculizará el avance de la norma en el Senado. El argumento es que la ministra de Seguridad tampoco habría sido avisada sobre el ajuste que Caputo planeaba en el área de discapacidad, lo que la ubica más cerca de los críticos internos que de los impulsores del recorte.

Mientras tanto, los aliados solicitaron a la Oficina de Presupuesto del Congreso que calcule el costo fiscal de la nueva ley antes de cualquier votación. El oficialismo, por su parte, trabaja en cerrar los detalles del financiamiento con un objetivo concreto: que Javier Milei no tenga argumentos para vetarla una vez que llegue a su escritorio.

La semana próxima habrá reuniones para intentar destrabar el impasse. El tiempo apremia: si no hay acuerdo antes de que venza la emergencia en diciembre, el kirchnerismo podría volver a imponer su versión en el recinto, como ya ocurrió el año pasado.