A 39 años de la masacre del Popular, Salinas irá a juicio por lesa humanidad

Un imputado identificado como Salinas será llevado a juicio oral por su presunta responsabilidad en la denominada 'masacre del Popular', uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Córdoba. El hecho ocurrió hace 39 años y recién ahora el caso alcanza la instancia de debate oral en el marco de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina.

La masacre del Popular tuvo lugar en Río Cuarto, provincia de Córdoba, y dejó un saldo de varias víctimas asesinadas en circunstancias que la justicia calificó como crímenes de Estado. Durante décadas, los responsables evitaron la acción judicial, pero la reapertura de las causas de lesa humanidad a partir de 2003 permitió que investigaciones como esta avanzaran hasta la instancia de juicio.

El camino hasta el juicio oral

La causa recorrió un largo proceso de instrucción antes de llegar a esta etapa. La investigación debió reconstruir pruebas, identificar sobrevivientes y testigos, y establecer la cadena de responsabilidades dentro de la estructura represiva que operó en la región durante el terrorismo de Estado. La elevación a juicio de Salinas representa un paso concreto en ese proceso.

Los juicios de lesa humanidad en Argentina son imprescriptibles por definición legal y no admiten amnistía ni indulto, según lo establecido tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003 y su posterior declaración de inconstitucionalidad por la Corte Suprema. Eso habilitó que casos como este pudieran retomarse décadas después de los hechos.

Qué se le imputa a Salinas

Salinas es señalado como uno de los responsables de los crímenes cometidos durante el operativo que derivó en la masacre. Los cargos exactos y la acusación formal serán precisados durante el debate oral, instancia en la que también declararán testigos y sobrevivientes del hecho. La defensa tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos ante el tribunal.

El caso se enmarca en una serie de juicios que continúan desarrollándose en distintos puntos del país, especialmente en provincias del interior donde la represión también fue sistemática aunque muchas veces menos documentada que en los grandes centros urbanos. Córdoba es una de las provincias con mayor cantidad de causas activas en esta materia.

La realización del juicio, 39 años después de los hechos, reactiva el debate sobre los tiempos de la justicia en causas de esta naturaleza y sobre el derecho de las víctimas y sus familias a obtener una sentencia antes de que el paso del tiempo haga imposible el proceso. El tribunal deberá ahora fijar las fechas del debate oral para avanzar hacia un veredicto.