12 adolescentes detenidos en Mendoza desde que rige el nuevo régimen penal juvenil

Desde el 5 de septiembre, cuando entró en vigor el nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina, Mendoza registró 12 detenciones de adolescentes de entre 14 y 17 años. Los casos se distribuyen entre las zonas Centro, Sur y Valle de Uco, según datos del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial. El sistema actualmente tiene a más de 500 jóvenes de 16 a 18 años bajo seguimiento.

La nueva normativa permite imputar delitos a partir de los 14 años y habilita aplicar todo el Código Penal a los mayores de 16. Las sanciones van desde multas y restricciones ambulatorias hasta prisión domiciliaria con tobillera electrónica, reservando la privación de libertad como último recurso.

Las primeras dos semanas, en números

Entre el 5 y el 11 de septiembre se contabilizaron 8 ingresos al sistema. La zona Centro concentró 6 de ellos: tres jóvenes de 17 años, una de 16, uno de 15 y uno de 14. En el Sur hubo dos casos: un adolescente de 16 detenido en San Rafael y uno de 14 aprehendido en General Alvear. El Este no registró intervenciones en esa etapa.

La segunda semana sumó 4 casos más. El Valle de Uco aportó uno: un menor de 14 años imputado por tenencia ilegal de arma de fuego. La zona Centro registró los tres restantes: dos adolescentes de 16 años por robo simple y robo agravado, y un menor de 14 por hurto simple. Sur y Este no tuvieron detenciones en ese período.

El marco legal que acompaña al régimen

En paralelo, la Legislatura mendocina avanza en la aprobación de un código procesal propio para menores. El Senado ya dio media sanción al proyecto del Ejecutivo que crea el Código Procesal Penal Juvenil y un fuero especializado con jueces, fiscales y defensores exclusivos para causas de menores. El texto incorporó modificaciones surgidas de aportes de magistrados, funcionarios judiciales y miembros de la Suprema Corte y del Colegio de Abogados.

El proyecto, de más de 100 artículos, está en tratamiento en la Cámara de Diputados. Contempla la creación de la Unidad de Procedimientos y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (Upana) para contención inmediata tras una detención, juicios abreviados bajo régimen de flagrancia y la figura del supervisor especializado para hacer seguimiento de los jóvenes y prevenir la reincidencia.

La norma también prohíbe alojar a los menores en pabellones para adultos: las penas de encierro se deben cumplir en el Centro de Responsabilidad Penal Juvenil, ex COSE, o en instalaciones diferenciadas. Con el código procesal aún en debate, el sistema penal juvenil mendocino sigue operando en su primera etapa real de implementación, con datos que recién empiezan a mostrar el alcance concreto de la reforma.